Esta operación se inició al haber constatado la existencia de numerosas personas residentes en la capital, que hacían uso de sus vehículos con una suspensión temporal del permiso de conducción en vigor, impuesta por los Juzgados de lo Penal de Guadalajara.
Varias fases
La operación se desarrolló en varias fases a lo largo de cuatro meses del presente año. Durante una primera fase de análisis se comprobó la existencia de alrededor de 85 personas residentes en Guadalajara capital, con el permiso de conducción retirado por sentencia judicial.
La operación culminó con la investigación de 29 personas haciendo uso del vehículo, no teniéndolo permitido por haberles sido retirado el permiso de conducción por sentencia judicial.
La pena por este tipo de delitos es de 3 a 6 meses de prisión, o de multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.
