La ley de proyectos prioritarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que lleva vigente desde julio del año 2020 a raíz del estallido de la pandemia ha posibilitado una inversión total de 2.600 millones de euros y 2.400 puestos de trabajo gracias a 51 proyectos empresariales
La consejera de Economía, Patricia Franco, se ha referido a estos datos este martes en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno, donde se ha dado luz verde al inicio del anteproyecto de ley de inversiones empresariales estratégicas, una legislación que sustituirá a la de hace seis años, la 5/2020 de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, con el objetivo de seguir impulsando la atracción de inversión a la región.
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El Gobierno de Emiliano García-Page, que prevé aprobar esta nueva norma a finales de año, ha recordado que va a permitir crear un marco de tramitación preferente de acompañamiento, asesoramiento y seguimiento para las inversiones empresariales que sean declaradas estratégicas, señalando Patricia Franco que los proyectos recibirán esta declaración “atendiendo a criterios de crecimiento económico, generación de empleo, riqueza, competitividad, sostenibilidad, economía social y cohesión territorial”.
Así, la ley establece no sólo los sectores y actividades que son susceptibles de contar con esta declaración, con un amplio abanico que va desde actividades industriales hasta la agricultura, pasando por la energía y agua, construcción, comercio, logística, hostelería, producción audiovisual o servicios sociales, entre otros.
Y marca los umbrales mínimos para acceder a esta declaración: en municipios de más de 30.000 habitantes, 30 empleos directos y 10 millones de inversión; desde 20.001 a 30.000 habitantes, 20 empleos y 7,5 millones; de 10.001 a 20.000 habitantes, 15 empleos y cinco millones de inversión; entre 5.001 y 10.000 habitantes, 10 empleos y tres millones de inversión; y en localidades de hasta 5.000 habitantes, cinco empleos y un millón de euros de inversión.
“Además, el texto establece la posibilidad de que el Consejo de Gobierno declare de manera excepcional un proyecto que no cumpla con esos umbrales, pero tenga un impacto relevante en la región en ámbitos como su carácter innovador, la generación o ampliación de cadenas de valor, la mejora de la competitividad, la creación o mantenimiento de empleo significativo o un avance tecnológico relevante para la industrialización regional”, ha indicado Patricia Franco.
Novedades en la ley
En esta ley hay dos grandes novedades: la creación de Unidades de Acompañamiento y Financiación en las cinco provincias de la región, que completan y amplían las Unidades de Acompañamiento Empresarial creadas en la Ley 5/2020 de Proyectos Prioritarios; y la creación de la Comisión de Valoración de Inversiones Empresariales Estratégicas de Castilla-La Mancha.
Esta ley tendrá como efectos para los proyectos de inversión, ya sean de capital regional, nacional o internacional, ventajas en la tramitación preferente en el ámbito administrativo, así como una reducción de plazos y la posibilidad de acceder de manera prioritaria a los programas de ayuda, y a las declaraciones de interés regional. La solicitud, a petición de los proyectos, se resolverá en un plazo de tres meses.
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