Castilla-La Mancha fue pionera en la Ley de Medidas contra la Despoblación, una herramienta para intentar frenar la sangría de población en buena parte de las zonas de la región que se quedan sin habitantes. Uno de los incentivos para atraer a personas a estas zonas con baja densidad de población son las deducciones fiscales.
En 2022, más de 80.000 personas se han aprovechado de estas deducciones fiscales, como ha asegurado el vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro. De este modo, las desgravaciones fiscales se han multiplicado un 30% que en el 2021, el primer año en el que se lanzaron.
«Son cifras para estar satisfechos y nos demuestran que vamos por el camino correcto y hemos adoptado las medidas necesarias para revertir la pérdida demográfica en nuestros pueblos», ha afirmado Martínez Guijarro, que ha realizado estas declaraciones en la Feria Nacional de la España Rural (Presura 2023) que se celebra en Pamplona.
1.922 millones para paliar la despoblación en CLM
El propio Martínez Guijarro ha destacado el aumento de presupuesto para la Ley contra la Despoblación en los Presupuestos de 2024. Un 12% más de presupuesto para ese 2024 que cristaliza de los 1.714 millones de este año a los 1.922 millones presupuestados para el próximo ejercicio. Del mismo modo, ya se han realizado 64 informes de impacto demográfico para radiografiar la situación de despoblación en Castilla-La Mancha.
Martínez Guijarro ha apelado a la Unión Europea para que tenga en cuenta las particularidades del medio rural para el diseño de los fondos europeos «porque la realidad es distinta a la del medio urbano y se necesitan instrumentos específicos, flexibles y adaptados a la realidad de lo rural».