El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jumilla, en representación de los viticultores y bodegas inscritos en esta DOP, han manifestado “su firme preocupación” ante el proyecto denominado “Planta de gestión de residuos, centro de transferencia y vertedero de apoyo” promovido por la empresa Ambiental Baazul S.L., con ubicación prevista en el municipio murciano de Fuente-Álamo y en las proximidades de los términos municipales de Ontur y Albatana, en la provincia de Albacete.
En un escrito señalan que se trata de un asunto que concierne a la DOP Jumilla porque “pone en riesgo la calidad medioambiental y enoturística, siendo incompatible con el modelo de desarrollo sostenible basado en la agricultura, ganadería y viticultura que caracteriza a esta comarca, y que representa el eje económico esencial para los municipios de Fuente-Álamo, Ontur y Albatana, tres de los siete municipios que conforman la Denominación ,así como para el resto del territorio amparado por la denominación”.
Instalación proyectada
La instalación proyectada se situaría a menos de 6 kilómetros del casco urbano de Fuente-Álamo y en el corazón de una zona eminentemente agrícola y ganadera, donde se concentran más de 5.000 hectáreas de viñedo amparados por la DOP Jumilla, y afectando directamente a más de 2.700 hectáreas de viñedo que se encuentran en un radio de menos de 5 kilómetros respecto a la ubicación del proyecto de verdadero.
Inciden en que este tipo de instalaciones “tienen consecuencias negativas para nuestro entorno”, y el Consejo Regulador es conocedor de los informes técnicos que recogen “riesgos claros” sobre la biodiversidad, paisaje, el suelo, población, empresas, viviendas y actividades agrarias y colindantes, con proliferación de malos olores, moscas y otros insectos, partículas contaminantes del aire.
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«Grave riesgo para los recursos hídricos»
Advierten también que supone “un grave riesgo para los recursos hídricos, ya de por sí frágiles y escasos, con la contaminación de acuíferos y otros efectos indeseables que pondrían en riesgo la viabilidad de esas actividades, los empleos y proyectos futuros”.
En definitiva, argumentan que “los efectos perniciosos de este proyecto afectarían de manera irreversible al tejido social, económico y medioambiental de la comarca en general, que incluye la agricultura, ganadería, turismo y hostelería”.
