La sindicalista Matilde Castilla, que será juzgada el lunes acusada de desobediencia a la autoridad por convocar una concentración en Ciudad Real, está recibiendo numerosas muestras de apoyo de organizaciones políticas, sindicales y sociales.
La portavoz de STE-Intersindical está acusada por haber convocado, en nombre de las Marchas de la Dignidad, una concentración contra las políticas de recortes impuestas por la UE en la campaña de las últimas elecciones europeas.
El juicio ha movilizado a numerosas organizaciones que han convocado una concentración a las puertas de los juzgados para apoyar a la sindicalista, entre ellas el Partido Comunista de España (PCE), la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la asamblea del Frente Cívico, integrante de las marchas del 22M.
El PCE considera que tanto la prohibición de la concentración en su día, por parte de la Junta Electoral, como la causa abierta a Matilde Castilla son una «vulneración flagrante» de las libertades democráticas, según ha indicado en un comunicado.
Esta ofensiva judicial, ha indicado el PCE, va acompañada de una «ofensiva legislativa, intensificada de forma no casual en los meses previos a los procesos electorales de 2015».
Por su parte, la HOAC también ha apoyado a la sindicalista y ha recordado que Castilla firmó la solicitud de una concentración en la Plaza Mayor de Ciudad Real el 20 de mayo, que no fue autorizada por la Subdelegación del Gobierno y que «fue desconvocada y no se realizó».
En este sentido, ha subrayado que a quienes acudieron a la concentración se les invitó a disolverse y no hacer grupos, por lo que «en ningún momento hubo disturbios ni alteración del orden público», sino solamente una breve rueda de prensa con los medios de comunicación que acudieron.
Esta organización consideran que la acusación contra la integrante del STE «no es fruto de la casualidad ni de un malentendido» sino que es la voluntad «decidida y clara de los poderes vigentes de amedrentar a la población y descabezar el tejido asociativo».
En el mismo sentido, la asamblea del Frente Cívico también ha mostrado su apoyo a Matilde Castilla y ha asegurado que su denuncia y citación «atenta contra el derecho constitucional a la libertad de expresión y reunión».
En su opinión, el hecho de convocar una concentración, o en su lugar una rueda de prensa, aún coincidiendo con el desarrollo de una campaña electoral, «no es suficiente motivo para que se proceda a actuar judicialmente» contra la sindicalista.