En el marco del macrojuicio que se lleva a cabo en la Audiencia Provincial de Guadalajara, la Fiscalía ha presentado sus conclusiones definitivas respecto al caso de fraude de IVA que involucra a 27 personas y una red de empresas. La acusación eleva a definitivas sus conclusiones provisionales para los líderes de la trama, solicitando una pena de 18 años y seis meses de prisión para cada uno de ellos. Los acusados en cuestión son J.G.G. y J.C.M.B., directivos y socios; T.G.G., hija del primero, y S.R.J., pareja del segundo.
Autores de fraude de IVA y de falsedad documental a los administradores de las sociedades instrumentales y a los testaferros
La solicitud del Ministerio Fiscal consiste en cuatro años de prisión por cada delito fiscal cometido en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, así como una multa por el importe defraudado. Además, se solicitan 2 años y seis meses adicionales por el delito de falsedad documental. Estas peticiones se basan en las declaraciones de los peritos y en las pruebas periciales presentadas, especialmente aquellas aportadas por la vigilancia aduanera.
La Fiscalía considera a los administradores de las sociedades instrumentales y a los testaferros como autores del fraude de IVA y falsedad documental, mientras que a algunos empleados que participaron activamente en la organización de la trama los considera colaboradores. Según el Ministerio Fiscal, las pruebas presentadas demuestran que se trata de una modalidad de «fraude en carrusel», en la que se establece una red de empresas ficticias para evitar que las autoridades fiscales se percaten de que los bienes se transfieren de una sociedad a otra, en su mayoría desde un tercer estado miembro hasta el cliente final, sin pasar por dichas empresas.
Además, se ha constatado que el impago de impuestos permitía a los acusados vender los productos a precios más bajos, lo cual podía provocar la eliminación de los «empresarios cumplidores» en el mercado, ya que veían mermada su competitividad como consecuencia de estas prácticas.
En relación a J.G.G., la Fiscalía considera probado su alto grado de participación, siendo uno de los principales implicados. Era socio de J.C.M.B. y desempeñaba un papel «esencial» en la trama, encargándose de diseñar los organigramas utilizados, teniendo acceso a las cuentas bancarias y controlando la organización.
Por otro lado, J.C.M.B., otro de los directivos, también es considerado uno de los cabecillas «esenciales» de la trama, según la Fiscalía.