Castilla-La Mancha ha advertido de que su sistema de protección de menores está al límite y ha avisado de que la región no cuenta con capacidad para asumir nuevas llegadas procedentes de Ceuta: «En estos momentos, nuestro sistema no lo soporta más».
Así lo ha manifestado la consejera de Bienestar Social del Gobierno regional, Bárbara García Torijano, durante una entrevista concedida a la Cadena SER previa a la celebración de la conferencia sectorial convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia.
Un sistema «tensionado»
La consejera ha defendido el compromiso histórico de Castilla-La Mancha con la legalidad y la solidaridad, recordando que la comunidad autónoma ha cumplido con los requerimientos del Real Decreto-ley a pesar de no compartir plenamente sus términos iniciales. No obstante, ha recalcado que la realidad actual de los recursos autonómicos es insostenible.
Con una red que tutela actualmente a unos 1.200 menores, la consejera ha detallado que solo durante el último año se han tramitado más de 350 expedientes y se han comunicado de forma definitiva 267 para dar respuesta a las exigencias normativas. Este esfuerzo extraordinario ha provocado que el sistema de protección se encuentre «tensionado» y en situación de «sobreocupación».
Ante la pregunta directa de si Castilla-La Mancha rechazaría acoger a más menores en caso de que el Gobierno central los reclame, la consejera ha sido tajante: «En estos momentos nuestro sistema no lo soporta más».
Reclamación de financiación estatal y control de fronteras
En línea con la posición manifestada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la consejera de Bienestar Social ha apuntado que la crisis de Ceuta «es una crisis muy superior», trascendiendo la mera cuestión migratoria.
García Torijano ha apuntado que se trata de una cuestión de «control de fronteras» y ha manifestado que «hay que dar una respuesta general», al tratarse de una cuestión de Estado. «Desde luego que lo que ha pasado en este verano en Ceuta no debía de haber pasado y debía de haberse controlado de otra manera», ha manifestado.
Asimismo, García Torijano ha puesto el foco en la necesidad de una mayor implicación económica y estructural por parte del Estado. A su juicio, aunque Castilla-La Mancha sea una comunidad solidaria dispuesta a arrimar el hombro en situaciones críticas, «la solidaridad puede ofrecerla cuando tiene algo que dar en igualdad de condiciones, no cuando ya está en un momento extremo».
Por ello, ha reclamado que se pongan recursos económicos suficientes sobre la mesa y que se trabaje de manera coordinada en el origen, apostando por la cooperación internacional y por garantizar que los retornos de los menores a sus lugares de origen se efectúen bajo estrictas garantías de seguridad y respetando el interés superior del niño.
