El Consejo de Gobierno ha autorizado la renovación del contrato con la empresa pública Tragsatec para garantizar el «buen funcionamiento» de aplicaciones del organismo pagador de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Así lo ha informado en rueda de prensa, la consejera portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, quien ha recordado que este contrato se renueva para dos años, con un importe que asciende a 1,5 millones, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, fondos Feader, con el 80%; la Administración General del Estado, con el 6%; y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con el 14%.
Una actualización del sistema, que según ha explicado Padilla, evitará que «se produzcan fallos técnicos o se retrasen expedientes por no tener actualizado el sistema informativo». Además, ha resaltado que este acuerdo «viene a facilitar de alguna manera hacer también las cosas más rápidas y de manera más segura los trámites para agricultores y ganaderos y evitar los errores».
No en vano, ha recordado que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural gestiona cerca de 1.000 millones de euros, «por lo tanto, no podemos permitirnos ningún error en la tramitación».
Con esta renovación, además, ha insistido Padilla, «damos un salto en la Administración electrónica, con soluciones que mejoran la ciberseguridad y, por lo tanto, damos garantías y ganamos en eficiencia técnica y económica al tener unas aplicaciones fiables y seguras».
La responsable autonómica ha concluido recordando que esta inversión «asegura que el motor digital de la gestión de las ayudas al campo y a la ganadería está bien engrasado y funciona a la perfección, para que no se produzcan retrasos y, por lo tanto, ningún contratiempo a quienes viven de nuestro campo».
Más protección para los consumidores de Castilla-La Mancha
Por otro lado,el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley que adapta el Estatuto regional de las personas consumidoras, vigente desde 2019, a la normativa estatal y europea, especialmente en lo relativo al régimen sancionador.
En los últimos años, la legislación básica estatal ha experimentado cambios importantes, sobre todo en relación con el régimen sancionador, de manera que dejó desajustada la regulación autonómica, ha relatado la portavoz del Gobierno regional.
Para evitar contradicciones, la comunidad ha armonizado su legislación. Sin embargo, la consejera ha destacado que “lo verdaderamente importante es que esta reforma mejora la normativa autonómica, porque concreta situaciones que generan conflictos y que en las leyes generales en ocasiones quedan abiertas a interpretación”.
Padilla ha explicado que la regulación estatal utiliza expresiones como “falta de información suficiente” o “atención insuficiente”, conceptos que pueden dar lugar a dudas cuando se produce un conflicto. “¿Qué es información suficiente? ¿Cuándo se considera que una atención ha sido deficiente?”, se ha preguntado la portavoz, quien ha aclarado que con esta reforma se elimina esa subjetividad.
Para ello, se detallan casos concretos como no entregar hojas de reclamaciones, no dar un presupuesto por escrito, retrasos injustificados en reparaciones, cancelaciones sin previo aviso o negativas a gestionar garantías. “Son situaciones que todas y todos conocemos, y recogerlas expresamente garantiza mayor protección y permite sancionar con rapidez”, ha afirmado.
Otro de los avances destacados es el refuerzo de los criterios sancionadores ante abusos graves, ha continuado Padilla. La norma define con mayor claridad cuándo una infracción es grave o muy grave.
“Incluimos ejemplos claros, como cortes injustificados de agua o luz, incluso subidas abusivas de precios en situaciones de emergencia. Lo hacemos más detalladamente que la normativa estatal o europea porque entendemos que la seguridad jurídica exige precisión”, ha subrayado la portavoz.
La modificación mantiene, además, las sanciones accesorias, como el cierre temporal de establecimientos, la suspensión de actividad o la imposibilidad de acceder a ayudas públicas en casos de reincidencia, ha enumerado Padilla, quien ha subrayado su eficacia frente a comportamientos abusivos.
La reforma incorpora también un bloque de mejoras orientadas a reforzar la seguridad jurídica, mediante la eliminación de ambigüedades y la definición precisa de los conceptos que determinan cuándo existe una infracción.
“Es importante destacar que ahora queda claramente definido qué es una infracción y qué sanción corresponde, lo que evita dudas en los tribunales y redunda en la protección de las personas consumidoras”, ha indicado.
