La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Ciudad Real ha anunciado la suspensión temporal de la negociación del convenio colectivo provincial del campo, a la espera de conocer el impacto que tendrá sobre el sector agropecuario la nueva normativa que el Gobierno central tiene previsto aprobar sobre la jornada laboral. La medida afecta directamente a las conversaciones que la organización agraria mantenía con los representantes de los trabajadores para actualizar el marco laboral del campo ciudadrealeño.
El principal motivo de esta decisión radica en la propuesta del Ejecutivo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, acompañada de nuevas exigencias en materia de registro horario. Asaja considera que estas medidas, si bien aún deben ser debatidas en el Parlamento, no tienen en cuenta la realidad del sector agrario, caracterizado por una fuerte estacionalidad, condiciones meteorológicas cambiantes y márgenes económicos muy ajustados.
Desde la organización agraria lamentan que se vuelva a legislar «de espaldas al campo«, sin estudio de impacto ni diálogo con las organizaciones representativas. En palabras de Asaja, se trata de “una decisión tomada por quien no conoce ni quiere conocer la realidad agraria, impuesta por un partido minoritario sin base social”. A su juicio, las nuevas normas no se adaptan a las particularidades del campo ni a su frágil equilibrio económico y productivo, lo que podría comprometer la viabilidad de numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas en la provincia.
Asaja defiende que la regulación de las condiciones laborales en el sector agrario debe seguir siendo competencia de la negociación colectiva, que ha permitido históricamente ajustar los convenios a las particularidades del trabajo en el campo. Sin embargo, la creciente “intrusión legislativa” del Ministerio de Trabajo estaría dejando obsoleto este modelo, según denuncian, al provocar la paralización de convenios y desvirtuar el papel de los agentes sociales.
La organización advierte de que, de aprobarse la reforma tal y como está planteada, supondrá no solo una carga económica, sino también una carga organizativa para las explotaciones agrícolas, que verían cómo aumentan los costes sin margen para adaptarse a las nuevas exigencias. “El campo no puede asumir este nuevo acelerón de costes laborales sin que se tambalee su viabilidad”, han asegurado.
En este contexto, Asaja Ciudad Real ha decidido paralizar las negociaciones del convenio colectivo hasta que se conozca con certeza el alcance de la nueva normativa. Una vez evaluado su impacto, aseguran, será el momento de retomar las conversaciones y “luchar por un convenio que sí recoja y resuelva todas las vicisitudes de la realidad del trabajo en el campo”.
Los sindicatos lamentan la decisión de Asaja
Los sindicatos UGT y CCOO han lamentado la decisión «unilateral» de Asaja de suspender la negociación del convenio colectivo del campo de Ciudad Real, algo que consideran un «lesivo perjuicio para el sector agrícola y ganadero de la provincia«.
Ambos sindicatos manifiestan su «profundo rechazo» por la situación creada a más de 14.000 trabajadoras y trabajadores del sector, a quienes –en el inicio de las campañas agrarias– han dejado en el «limbo legal» y con unas tablas salariales de 2025 que se encuentran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.
Desde CCOO y UGT exigen que las personas trabajadoras del sector agrario de Ciudad Real cobren, como mínimo, el SMI y que los trabajadores eventuales cobren según la contestación emitida por la Dirección General de Trabajo del Ministerio, donde aclaraba que el salario del eventual tenía que ir en consonancia con el valor del SMI y la jornada establecida en convenio.
Tomando esta premisa, el valor del Salario Mínimo Interprofesional para el año 2025 es de 16.576 euros anuales y la jornada estipulada en convenio es de 1.794 horas anuales. Por lo tanto, el salario del temporero eventual tendría que ser de 9,23 euros la hora y de 73.91 euros por las ocho horas.
«No entendemos la decisión de Asaja en pleno comienzo de campañas agrícolas, alegando las eventuales reformas legislativas que, a nuestro entender, no ponen en riesgo la rentabilidad del sector, más aún si cabe con los datos que se ofrecen desde el Ministerio de Agricultura acerca de la rentabilidad agraria, la cual ha subido un 14%».
UGT y CCOO añaden que «esta decisión es un paso atrás para el mundo rural, fomentando además la despoblación del medio y dilapidando un sector necesitado de más profesionalización y compromiso con dicho medio rural».
