El Ayuntamiento de Ciudad Real ha abierto este lunes el periodo de consulta pública para la nueva ordenanza que regulará la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida obligatoria por ley para ciudades de más de 50.000 habitantes, pero que el actual equipo de Gobierno ha decidido adaptar «a la realidad específica» del municipio.
Según ha explicado el portavoz del Gobierno municipal, Guillermo Arroyo, el texto sometido a consulta es «esencialmente el mismo» que dejó el anterior equipo de Gobierno, aunque incorpora una actualización basada en nuevos datos objetivos, especialmente los indicadores actuales de calidad del aire, hasta ahora no tenidos en cuenta.
Arroyo ha subrayado que el objetivo es avanzar hacia una movilidad más sostenible sin imponer medidas restrictivas, defendiendo que es posible «conciliar el respeto medioambiental con la realidad social y económica de Ciudad Real». El periodo para presentar alegaciones estará abierto hasta el 18 de agosto, antes de su aprobación definitiva en Junta de Gobierno Local y en pleno.
Calidad del aire y estructura urbana como base
Desde el Consistorio recuerdan que la legislación nacional permite a los municipios modular el alcance y la aplicación de la ZBE según sus características. En ese sentido, Arroyo ha destacado que los nuevos sensores instalados permiten ahora disponer de datos reales y continuos sobre la contaminación.
«Los datos actuales muestran que Ciudad Real no sufre una contaminación grave causada por el tráfico rodado. Tenemos un centro peatonal más amplio que la media y una estructura urbana compacta que favorece los desplazamientos a pie», ha indicado el portavoz.
El nuevo marco normativo se acompañará además del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), aún en desarrollo, que incluirá medidas ajustadas a las verdaderas necesidades de la ciudad.
Sin restricciones generalizadas ni imposiciones
Guillermo Arroyo ha insistido en que la ordenanza no prevé restricciones permanentes. Todos los vehículos, con o sin etiqueta, podrán circular libremente, salvo en situaciones excepcionales de alta contaminación detectadas por los sensores, en cuyo caso se aplicarían medidas temporales.
El equipo de Gobierno también ha querido tranquilizar al pequeño comercio y a los vecinos del centro, asegurando que no habrá exigencias para cambiar de coche. «No vamos a obligar a nadie a comprar un eléctrico. Hay muchas personas mayores que necesitan su vehículo, y no sería razonable imponerles esa carga», ha afirmado Arroyo.
La propuesta municipal busca así un equilibrio entre sostenibilidad y vida cotidiana, apostando por un modelo propio y realista. «Somos una ciudad saludable, con buena calidad del aire, y queremos seguir siéndolo, pero sin copiar modelos de grandes ciudades que no se ajustan a nuestras circunstancias», ha concluido.