La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado este lunes el expediente para la renovación de la red de abastecimiento en la avenida del Ferrocarril, en el tramo comprendido entre la carretera de Puertollano y la avenida Tablas de Daimiel.
La actuación, con un presupuesto superior a 400.000 euros, se financiará con cargo a la subvención de obras de la Diputación provincial y permitirá sustituir 587 metros de tuberías de fibrocemento por conducciones de fundición dúctil.
Según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Guillermo Arroyo, la obra tendrá un plazo de ejecución de tres meses y se suma a otras ya finalizadas en distintas calles de la capital como Madrilas, Méjico, Grecia, Portugal, Noruega, Antonio Blázquez, Cañas o José María de la Fuente. «Este es un tema capital para nuestra ciudad», ha subrayado.
Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto del Plan de Obras Municipales, también financiado por la Diputación, que contempla la renovación del firme en 26 calles de Ciudad Real, entre ellas Azucena, Paz, Olivo, Antonio Eanes o Avenida Tablas de Daimiel, con un presupuesto de medio millón de euros.
Por otra parte, en materia de sostenibilidad urbana, se ha dado luz verde al último de los proyectos CRATER (Ciudad Real Activa: Territorio, Ecosistemas y Resiliencia), denominado «Acupuntura verde en Barrios», adjudicado a Proimancha Ingeniería y Construcción por 200.000 euros.
Condena por la agresión con arma blanca en el entorno del Parque Gasset
Durante su comparecencia, Guillermo Arroyo ha condenado la agresión registrada este fin de semana en las inmediaciones de una casa ocupada en el entorno del Parque Gasset. El portavoz ha asegurado que no se trata de un hecho aislado, sino del resultado de un problema «que ya venimos denunciando desde hace tiempo», derivado de un marco legal que ampara y facilita la ocupación ilegal de viviendas, generando inseguridad y conflictos vecinales.
Arroyo ha reclamado una respuesta firme del Gobierno de España y de la Subdelegación, a quienes ha acusado de haber impulsado medidas «que lejos de proteger a los propietarios y vecinos, favorecen a quienes las ocupan ilegalmente».
El Ayuntamiento, ha añadido, seguirá denunciando públicamente la situación y colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad «para que puedan intervenir con la mayor eficacia posible», pese a que, ha lamentado, «la ley actual les ata las manos».
