La Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real ha negado que exista una “situación descontrolada” por ocupaciones ilegales en la capital y ha reclamado “serenidad, datos y cooperación institucional” para abordar estos casos “con rigor y sin alarmismo”.
Según los datos del Ministerio del Interior, los delitos por allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles han descendido en la provincia de 130 casos en 2022 a 85 en 2024, lo que supone una reducción de un tercio.
En un comunicado difundido este miércoles, la Subdelegación asegura que “la ley no protege a los okupas” y que no se ha producido ninguna “explosión de ocupaciones” en Ciudad Real.
Además, subraya que la mayoría de los casos afectan a viviendas vacías de bancos o grandes tenedores y no a domicilios particulares. “No hay una marea de familias de Ciudad Real echadas de su casa por okupas”, recalca el texto, que pide no alimentar discursos “alarmistas” y centrarse en aplicar la ley y la cooperación entre administraciones.
La institución estatal también recuerda que las competencias en materia de vivienda, servicios sociales y disciplina urbanística corresponden a comunidades autónomas y ayuntamientos, por lo que insta al Ayuntamiento de Ciudad Real a asumir sus responsabilidades en materia de control de edificaciones ruinosas y situaciones de deterioro urbano.
El poblado chabolista de San Martín de Porres, donde hace falta «actuar ya»
En este sentido, señala el poblado chabolista de San Martín de Porres como un ejemplo de lugar donde “sí hace falta actuar ya”. El comunicado detalla que, tras una operación policial contra delitos de tráfico de drogas y contra el patrimonio, la Policía Nacional elaboró un informe en el que se describen viviendas en ruina, chabolas ilegales, basuras y chatarra acumuladas, así como bombonas de butano sin control, lo que supone un riesgo real de incendio, explosión y derrumbe.
El informe policial, remitido hace cuatro meses al Ayuntamiento, proponía declarar la ruina inminente de las fincas afectadas, ordenar su derribo controlado y balizar la zona. Sin embargo, la Subdelegación lamenta que “hasta la fecha no se ha ofrecido respuesta ni se han concretado actuaciones”.
Por ello, ha pedido que San Martín de Porres figure como punto específico en el orden del día de la Junta Local de Seguridad convocada por el Consistorio, advirtiendo de que, si no se incluye, solicitará una nueva reunión extraordinaria, urgente y monográfica sobre este barrio.
“Ese es el mejor ejemplo de lo que la ciudadanía espera: menos discursos genéricos y más acción concreta donde hay riesgo real”, concluye el comunicado, en el que la Subdelegación subraya que Ciudad Real es una provincia segura y que el Gobierno de España seguirá “defendiendo la propiedad privada y la convivencia con leyes serias, datos oficiales y cooperación leal entre administraciones”.