El Partido Popular de Ciudad Real ha reclamado este viernes la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, al considerar que el servicio de alta velocidad atraviesa una situación de «degradación y abandono» que afecta directamente a los usuarios de la estación de la capital. Los populares han exigido un tren «seguro, fiable y bien mantenido», advirtiendo del temor con el que, según han señalado, viajan a diario miles de personas.
La formación ha trasladado esta denuncia en una rueda de prensa celebrada a las puertas de la estación de Ciudad Real, en la que representantes del PP en distintas administraciones han reclamado un cambio profundo en la gestión del servicio ferroviario y en el mantenimiento de las infraestructuras de alta velocidad.
Durante la comparecencia, el diputado nacional Enrique Belda ha puesto el foco en la línea Madrid-Sevilla, recordando que, de acuerdo con documentación oficial del Banco Europeo de Inversiones, esta infraestructura se encontraba al final de su vida útil en marzo de 2022. A su juicio, el Gobierno no adoptó entonces medidas adicionales de seguridad pese a esa advertencia técnica.
Belda ha señalado también que el BEI concedió un préstamo de 90 millones de euros a Adif para esta línea, una inversión que se suma a los 111 millones de euros procedentes de fondos europeos destinados en 2023 al mismo trazado. Según ha indicado, se trata de recursos públicos cuyo destino y resultados deben ser fiscalizados.
Por su parte, la senadora del PP, Rosa Romero, ha subrayado el carácter estratégico de la línea Madrid-Sevilla para la provincia, destacando que muchos ciudadrealeños utilizan a diario el AVE para desplazarse por motivos laborales. En este sentido, ha afirmado que existe una percepción creciente de falta de seguridad y mantenimiento entre los usuarios.
Romero ha criticado que España se sitúe «a la cabeza de Europa en presión fiscal» mientras, según ha denunciado, se encuentra «a la cola en mantenimiento ferroviario», y ha responsabilizado de esta situación a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha atribuido consecuencias «muy graves» para el sistema ferroviario.
