La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha dado este lunes luz verde al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que contempla la implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE) en la capital provincial, aunque las restricciones solo se activarán en caso de superase umbrales de contaminación, algo “inusual” en la ciudad.
Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa el portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, quien ha avanzado que, tras la aprobación en la Junta de Gobierno, se abre un plazo de diez días para que los grupos políticos municipales puedan presentar sus alegaciones y, posteriormente, ser aprobado en sesión plenaria.
Según ha explicado Arroyo, las restricciones solo se aplicarán a los coches sin etiqueta en caso de que se superen los umbrales de contaminación en Ciudad Real, algo extraño en una ciudad que cuenta con “buena calidad del aire” y donde los episodios de contaminación son reducidos.
En este caso, la ZBE contemplaría todo el interior de ronda, de manera que los vehículos sin etiqueta medioambiental no podrán acceder al centro, aunque el portavoz ha vuelto a incidir en que esos episodios serán mínimos.
El portavoz ha subrayado que la regulación del PMUS se ha realizado conforme a la legalidad vigente, a diferencia de lo aprobado por el anterior equipo de Gobierno, que lo hizo en Junta de Gobierno sin llevarlo al Pleno, pese a tratarse de un documento de carácter normativo.
Mayoría necesaria en el Pleno
Pese a su aprobación en la Junta de Gobierno Local, el PMUS deberá ser aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, donde, previsiblemente, tanto Vox como PSOE votarán en contra de la propuesta del equipo de Gobierno.
Con esta correlación de fuerzas, la aprobación definitiva del plan queda en el aire, ya que el equipo de Gobierno necesitará mayoría suficiente para sacarlo adelante. «Lo que quieran hacer otros grupos lo tendrán que explicar ellos», ha señalado Arroyo, en referencia al rechazo socialista y a la ausencia de Vox en anteriores votaciones.
Desde el Ejecutivo municipal insisten en que el documento ha sido consensuado con la mayoría del tejido económico de la ciudad y se ajusta a los requisitos legales, por lo que apelan a la responsabilidad del resto de grupos para que Ciudad Real pueda contar con un plan de movilidad sostenible ajustado a su realidad y necesidades.
