CCOO y UGT se han concentrado este viernes frente a la sede de la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir) para protestar por la muerte de Almudena, la trabajadora fallecida el pasado lunes tras una explosión en la planta de residuos médicos de Socuéllamos, y para reclamar más control y prevención ante el aumento de la siniestralidad laboral en la provincia.
La secretaria general de CCOO en Ciudad Real, Esther Serrano, ha expresado el pésame a la familia y compañeros de la víctima, y ha recordado que en los últimos cinco años más de 200 personas han perdido la vida en Castilla-La Mancha mientras trabajaban.
Solo en la provincia, ha añadido, se contabilizan ya seis fallecimientos en lo que va de año y más de 3.300 accidentes con baja hasta agosto.
Serrano ha subrayado que la elección del lugar de la protesta «no es casual», al situarse frente a la sede de la patronal provincial.
«La seguridad y la salud en el trabajo es responsabilidad de las empresas. No es un coste, es un derecho», ha declarado.
La responsable sindical ha vuelto a recordar que la empresa de Socuéllamos, donde ocurrió la explosión, tenía un expediente sancionador abierto tras una inspección.
«No entendemos cómo, si esto es así, la empresa seguía operando. Esperamos que se depuren todas las responsabilidades», ha exigido.
Por su parte, Juan Carlos Cabeza, miembro de la Ejecutiva Provincial de UGT, ha calificado la muerte de Almudena de «tragedia evitable» y ha pedido a las administraciones «que investiguen el accidente y tomen medidas si hubo fallos de seguridad».
Ha reclamado también la creación de la figura del delegado territorial de prevención para vigilar el cumplimiento de la normativa en pequeñas empresas, «que son mayoría en la provincia», y una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, vigente desde 1995, por considerarla «obsoleta».
Tras las intervenciones, los asistentes han guardado un minuto de silencio en memoria de la trabajadora fallecida y en solidaridad con los dos compañeros heridos, que continúan hospitalizados.
«Cada trabajador o trabajadora que sale de su casa debe poder volver. No podemos normalizar que haya dos muertes diarias en el trabajo en España», ha recordado Cabeza.
