El juzgado de lo penal número 1 de Toledo ha condenado por prevaricación al alcalde de Chozas de Canales (Toledo), Ignacio Pitaluga (PSOE), y a cuatro ediles de su anterior equipo municipal a un año, nueve meses y un día de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo y cargo público por retirar el sueldo en 2009 al anterior alcalde del PP y su teniente de alcalde.
En la sentencia se absuelve a los encausados del otro delito de prevaricación del que estaban acusados por restituir el sueldo a una edil tránsfuga del PP y que permitió después alcanzar la Alcaldía al actual regidor en una moción de censura que prosperó meses después, en 2010, un cargo que revalidó tras las últimas elecciones municipales.
Asimismo, el citado juzgado les absuelve de un delito de desobediencia del que estaban acusados al tratar de legalizar la urbanización Z-9, a pesar de haber sido anulada previamente por el Tribunal Superior de Justicia.
La sentencia se produce tras la querella interpuesta por el antecesor de Pitaluga en la alcaldía, Julián Agudo, a quien se le privó del sueldo.
El juez sostiene que los sueldos al alcalde y a su mano derecha se los retiraron por «motivos políticos» y no por cuestiones relacionadas con su gestión, lo que debería haberse llevado a cabo, en todo caso, dice el juez, por medio de una moción de censura, que sí se celebró meses después y que dio la Alcaldía al actual alcalde.
En cambio, les absuelve de otro de los delitos de prevaricación del que estaban acusados por la restitución del sueldo de la tránsfuga del PP, por entender que no concurren los elementos necesarios para que se pruebe el delito de prevaricación, ya que lo que pretendían los acusados es reponerla también en el cargo.
Respecto al delito de desobediencia por el tema urbanístico, el juez de lo penal número 1 argumenta que la verdadera intención de los encausados era impulsar la legalización de la urbanización, ya que el TSJ no precisaba de qué manera tenía que actuar el Ayuntamiento sobre la urbanización ilegal.