El número de asuntos pendientes en los tribunales de Castilla-La Mancha creció en 2024 un 8,7 por ciento respecto al año anterior, a pesar de que la capacidad resolutiva tuvo un «gran incremento», del 25 %; y la litigiosidad, de media, un 14,6 %.
Así lo ha dado a conocer este viernes en Albacete la presidenta Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), Pilar Astray, quien ha presentado la Memoria Judicial de 2024 en Castilla-La Mancha, que indica que la región necesita 45 plazas de jueces y magistrados.
Ha destacado que «hay un mayor esfuerzo resolutivo de los tribunales y aún así no se es capaz de reducir el número de asuntos pendientes».
«Aumenta la pendencia pese a que aumenta exponencialmente la capacidad resolutiva», ha lamentado Astray, quien ha señalado que ello es consecuencia de «una mayor litigiosidad», especialmente en zonas donde más aumenta la población, como son las provincias de Toledo y Guadalajara, unido al hecho de que «no se asignen más recursos materiales, humanos y tecnológicos».
Ha especificado que el número de asuntos ingresados en todos los juzgados y tribunales de Castilla-La Mancha en 2024 fue de 283.872, un 14,6 % más que el año anterior, y que en 2024 se resolvieron en la región 263.460 asuntos judiciales, frente a los 196.497 procedimientos resueltos en 2023.
Más de 69.000 sentencias dictadas y 123.000 autos
La presidenta del TSJCLM ha expuesto que los jueces y magistrados de Castilla-La Mancha dictaron 69.507 sentencias y 123.092 autos, lo que equivale a una media de 3,2 resoluciones al día, incluyendo fines de semana y festivos, un «dato revelador del esfuerzo desplegado para recuperar el atraso de asuntos».
Pese a ello, ha lamentado que la pendencia ha crecido un 8,7 %, con 204.201 asuntos pendientes de trámite a fecha 31 de diciembre de 2024.
Por áreas, se ha referido al incremento «exponencial» en civil y ha recordado que aquí se incluyen, entre otros, «los asuntos de consumo, las hipotecas o los asuntos de familia».
Así, ha precisado que en esta área ingresaron un 31 % más de asuntos en 2024 que en 2023.
También ha aumentado la jurisdicción social, de la que ha subrayado que «es muy sensible, porque afecta a los despidos, las deudas de salarios…» y que se incrementa en un 34,5 % en la región, mientras que el aumento en el área penal fue del 15 %.
Plazas necesarias en Castilla-La Mancha
Ha insistido en que en Castilla-La Mancha «faltan 45 plazas de jueces en diversos órganos, ocho de jueces de adscripción territorial, que son los que no tienen destino fijo, sino que solventan las necesidades de refuerzo en distintos órganos».
También ha recordado que es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien dentro de esa petición fija las que son imprescindibles -escogió 15- y las prioritarias -10-.
Astray ha detallado que el CGPJ fijó como prioritarias dos plazas en juzgados de primera instancia en Toledo, dos en Guadalajara, «donde hay más incremento poblacional»; dos en los órganos mixtos de Illescas (Toledo); el mercantil de Toledo, «que soporta un 300 % de la carga de trabajo» y los juzgados mixtos de Ocaña (Toledo), Puertollano (Ciudad Real) y Talavera de la Reina (Toledo).
Si bien, ha subrayado que se pidió al Consejo «que reconsiderara su posición» e incluyera todas las que se habían pedido.
Finalmente, ha indicado que «la situación y realidad no ha cambiado, siendo la planta judicial de Castilla-La Mancha, una vez más, la última de todos los Tribunales Superiores de Justicia en número de jueces por habitante» (10 jueces por 100.000 habitantes).