La Central Sindical Independiente y de Funcionarios rechaza de forma rotunda la aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha de la «Ley de medidas complementarias del Plan de Garantía de los Servicios Sociales». CSI·F critica esta nueva agresión a los empleados públicos de la JCCM, considerando que se trata de una medida injusta y perniciosa para más de 70.000 familias en Castilla-La Mancha, que llevan a sus espaldas diferentes congelaciones y reducciones salariales.
Para CSI·F, los recortes salariales y laborales han seguido creciendo de manera exponencial desde su anuncio por la presidenta Cospedal hasta su tramitación en las Cortes castellano-manchegas, pasando por las modificaciones sobre el documento facilitado a las organizaciones sindicales.
La Ley aprobada perjudica a funcionarios, laborales y estatutarios, a la vez que empeora las condiciones para ofrecer un servicio público de calidad. CSI·F destaca su compromiso con lo público en todos los sectores y especialmente en el sanitario, el educativo y el asistencial.
Además, para CSI·F las medidas aprobadas para miles de funcionarios, laborales y estatutarios en toda la región tendrán una repercusión negativa en el desarrollo económico y en el empleo, ya que frenará el consumo y la inversión.
LAS MOVILIZACIONES
CSI·F, que inició las movilizaciones ante estas medidas, seguirá manifestando en todos los foros su oposición frontal a las mismas y exigiendo políticas que terminen con los recortes y abran una vía para la recuperación inmediata del poder adquisitivo de los empleados públicos.
Desde CSI·F ya hemos presentado una serie de propuestas viables y efectivas para mejorar la situación de los empleados públicos que afectan a la temporalidad de las medidas, a la ineficacia del incremento horario y a la cobertura inmediata de bajas y vacantes en servicios claves para la sociedad como son los sanitarios, asistenciales y educativos.
CSI·F insiste en señalar que los empleados públicos no son responsables de una crisis que han creado políticos, banqueros y grandes empresarios en una vorágine de corrupción y despilfarro generalizado. Exigimos que paguen los culpables y asuman responsabilidades políticas y penales.