La Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajos de España (ANPCA), con sede en Las Pedroñeras (Cuenca), ha manifestado su “profunda preocupación” por la difícil coyuntura que atraviesa el sector, marcada por “una serie de hechos sin precedentes que ponen en entredicho la viabilidad de las explotaciones de ajo en nuestro país y en el conjunto de la Unión Europea”.
Entre los factores más alarmantes, ANPCA señala el agotamiento de los contingentes arancelarios de importación de terceros países, una circunstancia que nunca antes se había producido y que está favoreciendo una entrada masiva de producto extranjero en los mercados europeos. Un producto que, además, no está sometido a las estrictas normas fitosanitarias que deben cumplir los agricultores europeos, apuntan.
Costes de producción
Añaden que a esta situación se suma un aumento “desorbitado” de los costes de producción, consecuencia directa de los bajos rendimientos obtenidos por la falta de materias activas disponibles para combatir plagas y enfermedades.
La ausencia de soluciones fitosanitarias eficaces está dejando al ajo europeo en clara desventaja frente a sus competidores internacionales, erosionando gravemente su competitividad, lamentan.
Cultivo estratégico y social
ANPCA recuerda que el ajo no es solo un cultivo estratégico desde el punto de vista económico, sino también social. Se trata de una producción muy arraigada en las zonas rurales, que fija población, genera empleo e impulsa la industrialización de los pueblos.
“La actual deriva amenaza con condenar al cultivo del ajo a la desaparición, con todo lo que ello implica para el medio rural”, según el secretario de la asociación, José Carlos Arroyo.
Aranceles
En este sentido, ANPCA subraya que el arancel disuasorio de 1.200 €/tonelada establecido por la Unión Europea en el año 2001 se ha quedado totalmente desactualizado. Solo en España, la inflación acumulada entre 2001 y 2025 alcanza ya un 77%, lo que significa que dicho arancel, en términos reales, ha perdido gran parte de su capacidad protectora.
“Si se actualizara a la realidad actual, el arancel debería situarse en 2.130 €/tonelada, lo que devolvería al sector la misma protección de la que disponía en el momento de su implantación”, señala el vicepresidente de la asociación, Antonio Escudero.
Ante esta situación, ANPCA reclama a las administraciones competentes un cambio radical en las políticas agrícolas y comerciales europeas, con tres líneas de actuación prioritarias.
La actualización del arancel disuasorio a niveles acordes a la inflación acumulada, para que cumpla su función protectora real.
Un ajo muy conquense pierde calibre por el brusco aumento de temperaturas
La autorización y registro de materias activas mediante un sistema único por zonas de Límites Máximos de Residuos (LMR) definidos por la Comisión Europea y no por países como actualmente está establecido. Esta medida permitiría abaratar costes a las empresas y agilizar la introducción de nuevas materias activas en el mercado.
El refuerzo de la supervisión y vigilancia en las aduanas europeas, con el fin de garantizar que las importaciones de terceros países cumplan los mismos requisitos fitosanitarios que se exigen a la producción comunitaria.
“Nos encontramos en un momento decisivo. Sin medidas inmediatas y contundentes, el ajo español y europeo quedará relegado en todos los mercados, con consecuencias irreversibles para miles de familias y para la economía rural”, según Juan Salvador Peregrin, presidente de ANPCA.
