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lunes, 29 de abril de 2024
Estación de tren de Chillarón, una de las paradas por donde circula el tren convencional.
Estación de tren de Chillarón, una de las paradas por donde circula el tren convencional.
Presentada por IU, EA y CCOO - 20 diciembre 2023 - Toledo

El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite un recurso contencioso-admistrativo que han presentado Comisiones Obreras, Izquierda Unida y Ecologistas en Acción (EA) contra el cierre de la línea de ferrocarril convencional Aranjuez-Cuenca-Utiel.

Según han explicado en un comunicado las organizaciones demandantes, el recurso fue presentado el 7 de diciembre, ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que lo ha admitido a trámite el 11 de diciembre, han conformado fuentes de CCOO.


Una vez agotada la vía administrativa

Las tres organizaciones han explicado que decidido presentar el recurso ante el Supremo una vez agotada la vía administrativa contra el acuerdo del cierre del tramo de la línea férrea 310, que discurre entre Tarancón (Cuenca) y Utiel (Valencia), que adoptó el Consejo de Ministros del pasado 21 de febrero.

Fue una decisión «poco o nada justificada» y «arbitraria», según las entidades que han recurrido el cierre de la línea, que la han calificado como «atropello» o «desatino», ya que han considerado que se pierde «una importante opción de movilidad más segura y sostenible».

El Supremo paraliza, de manera cautelar, el cierre de la línea de tren convencional de Tarancón-Cuenca-Utiel

Asimismo, han asegurado que tienen «grandes esperanzas en que se haga justicia» a través de este recurso presentado ante el Alto Tribunal, al tiempo que han hecho referencia a las demandas presentadas por los pueblos afectados por el cierre de la línea de ferrocarril convencional, con los que ya han colaborado muy activamente.

CCOO, IU y EA han criticado también que «se decidió un cierre ferroviario en contra de un consenso científico mundial acerca de que el tren es el medio masivo de trasporte destinado a ser protagonista de la lucha contra los gases de efecto invernadero y el cambio climático».

Y han sostenido que «la medida fue tomada por una élite funcionarial y tecnocrática, ajena a la realidad social de los pueblos de la España vaciada», a la que acusan de justificar el cierre de la línea porque es deficitaria, «cuando la realidad es que los ciudadanos dejaron de usarla porque apenas había oferta, y la que escaseaba era mala», han aseverado los demandantes.

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