Agricultores y vecinos de la pedanía de Usanos, de Guadalajara capital, y Ecologistas en Acción han expresado su preocupación por la construcción de los proyectos fotovoltaicos en terrenos de muy alta biodiversidad, que están cerca de nidos de águila imperial, por lo que han pedido la paralización de las obras.
Según ha denunciado Ecologista en Acción en nota de prensa, las cinco plantas fotovoltaicas, con una extensión total de 235 hectáreas, que se están construyendo en Usanos, dentro del término municipal de Guadalajara, se ubican en unos terrenos donde hay nidos de águila imperial a una distancia de entre uno y dos kilómetros, una especie en peligro de extinción en Castilla-La Mancha. También están próximos nidos de águila real, especie catalogada como vulnerable.
Los ecologistas han señalado en el comunicado de prensa que estudios científicos recomiendan dejar una distancia de seguridad de al menos tres kilómetros con los nidos y han añadido que, además en la zona hay aves esteparias protegidas como la avutarda, el sisón, la ganga ortega, cernícalos y los aguiluchos cenizo y pálido.
Así, han abundado en que estudios del CSIC confirman que en Usanos existe un grupo reproductor de avutardas y que la calidad del hábitat es elevada, ya que constituye un lugar de dispersión, migración y reproducción de la especie en la zona centro.
Además, también han denunciado que los proyectos se aprobaron por el Ministerio de Transición Ecológica, a pesar de que la Junta de Castilla-La Mancha subrayó en sus informes la elevada sensibilidad ecológica de la zona y que la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara ha llegado a proponer este entorno como Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) para su integración en la red Natura 2000.
Estos colectivos han advertido de que la aprobación de este proyecto podría obedecer “a una falta de coherencia en los criterios de evaluación ambiental, y que se podrían haber vulnerado los principios de prevención y precaución que establece la normativa medioambiental”.
Asimismo, han considerado que se ha producido una fragmentación artificial del proyecto al dividirlo en cinco plantas para facilitar su aprobación, de manera que el Ministerio no ha tenido en cuenta el impacto acumulativo y sinérgico.
Por todo ello, han solicitado a las administraciones competentes la «revisión exhaustiva» del expediente, transparencia en los criterios aplicados y, en su caso, la adopción de medidas cautelares que garanticen la protección efectiva del entorno natural y el cumplimiento estricto del principio de legalidad.
De ese modo, han demandado una «actuación inmediata«, con todas las medidas a su alcance, de la Junta de Castilla-La Mancha y de la Fiscalía de Medio Ambiente para paralizar las obras.
