El Seprona de la Guardia Civil de Ciudad Real ha investigado a tres personas vinculadas a una trama que, presuntamente, usurpaba la identidad de una persona para falsificar certificados sanitarios utilizados en el transporte de piezas de caza menor abatidas en cacerías de Ciudad Real, Albacete y Cáceres.
La operación, denominada «QUACKERS», ha permitido esclarecer una práctica con la que se pretendía dar apariencia legal al traslado de estas piezas hasta una sala de despiece, tratamiento y comercialización de carnes de caza ubicada en la provincia de Jaén, donde eran elaboradas y posteriormente puestas a la venta para el consumo humano.
La investigación se inició después de que la víctima presentara una denuncia en el mes de marzo por la suplantación de su identidad. A partir de ese momento, la Guardia Civil abrió diligencias para esclarecer un supuesto delito de usurpación de estado civil y falsificación documental.
Según ha informado la Guardia Civil, las irregularidades detectadas servían para amparar el registro sanitario y el transporte de piezas de caza menor desde distintas fincas hasta la sala de tratamiento. Durante la investigación, los agentes recabaron documentación en estas instalaciones para comprobar la veracidad de los hechos denunciados.
Una identidad usada para dar validez sanitaria
Los investigadores comprobaron que los implicados usaban la identidad de la víctima, que contaba con la formación necesaria para dar legalidad al transporte de las piezas de caza abatidas y certificar su seguridad alimentaria.
Las declaraciones de los testigos han evidenciado, según la Guardia Civil, que no se trataba de hechos aislados, sino de una práctica habitual en estas instalaciones. El objetivo era obtener un blindaje legal para la primera inspección sanitaria y el transporte de las piezas de caza menor hasta el recinto, donde después eran procesadas y comercializadas.
La Guardia Civil ha advertido de que esta práctica no solo podría constituir delitos de usurpación de estado civil y falsificación documental, sino que también comprometía la seguridad alimentaria de la carne destinada al consumo humano, al impedir la detección de posibles patologías antes de su venta.
Durante el mes de abril, una vez reunidas las pruebas suficientes, el SEPRONA procedió a investigar a tres personas como presuntas autoras de delitos continuados de falsificación documental y usurpación de identidad.
Las diligencias policiales instruidas han sido entregadas en los Tribunales de Instancia de La Carolina, en la provincia de Jaén.