El BOE ha publicado la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para recuperación de daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular, previstas en el el acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2025, por el que se declara «Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio afectado como consecuencia de las inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza acaecidos entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025, en las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, La Rioja, Aragón, Illes Balears y Galicia.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha reducido los tiempos de la tramitación a la mitad para disponer de una resolución por catástrofes, que antes tardaba en publicarse hasta dos años.
Casi 66 millones en subvenciones
El importe total máximo de las subvenciones convocadas, destinadas a la reparación o restitución de las infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios dañados a su situación preexistente, asciende a 65.993.713,32 euros.
Las solicitudes se admitirán hasta el 6 de octubre de 2025 y se presentarán de forma de forma electrónica, a través de la aplicación informática “AURA – Subvenciones a EELL ante catástrofes naturales», accesible desde la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y dirigirán a la subdelegación o delegación del Gobierno en cada provincia.
Se financiarán los proyectos directamente relacionados con los siniestros detallados en el ANEXO de esta resolución, que ejecuten los ayuntamientos, los consejos insulares, las diputaciones provinciales o las comunidades autónomas uniprovinciales, las comarcas y las mancomunidades en los términos municipales y núcleos de población, relativos a las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades y de la red viaria de las diputaciones provinciales, los consejos insulares o, en su caso, de las comunidades autónomas uniprovinciales, de los daños producidos por dichos siniestros.