El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado diez alegaciones al proyecto del real decreto del Gobierno de España sobre la regulación de centros de datos y ha advertido de que podría afectar a proyectos tecnológicos ya avanzados, entre ellos el de Meta en Talavera de la Reina.
Así lo ha informado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno la consejera portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla, quien ha explicado que la Junta no puede confirmar que la inversión de Meta esté actualmente en peligro, pero sí considera que el borrador introduce nuevas exigencias que podrían dificultar su desarrollo al modificar las condiciones con las que comenzó a tramitarse el proyecto.
«No les confirmo que esté en peligro, pero sí que complica evidentemente este borrador de proyecto de decreto un proyecto de estas características porque le cambia las reglas del juego», ha afirmado.
El Ejecutivo regional ha incluido expresamente el proyecto de Meta en las alegaciones remitidas al Gobierno central por considerar que se trata de una inversión estratégica que ya cuenta con trámites y decisiones adoptadas conforme al marco normativo vigente.
Diez alegaciones
Las diez alegaciones de Castilla-La Mancha se agrupan en cuatro grandes bloques: el rango jurídico y la proporcionalidad de las medidas, la protección de las inversiones que ya están en marcha, el respeto a las competencias de las comunidades autónomas y la aplicación de criterios de eficiencia energética adaptados a las condiciones climáticas de cada territorio.
Según ha explicado la consejera portavoz, la Junta comparte los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética de la futura norma, pero reclama que su aplicación no comprometa inversiones ya iniciadas ni genere inseguridad jurídica.
Uno de los principales puntos de preocupación es la posibilidad de que determinados incumplimientos puedan llevar aparejados recargos de hasta el 500% o incluso la pérdida de permisos de acceso y conexión.
Las medidas «necesitan una cobertura legal suficiente y no pueden quedar definidas íntegramente por una norma reglamentaria». «En todo caso, lo más lógico sería elevarlo a una proposición de ley o hacer una modificación de la legislación actual».
El Gobierno regional también cuestiona que los nuevos requisitos puedan exigirse a proyectos que ya disponen de permisos, pero todavía no se han conectado a la red. Por ello, reclama un régimen transitorio flexible en cuanto al grado de madurez de cada inversión.
La portavoz ha explicado que algunos de los nuevos requisitos energéticos podrían afectar especialmente a centros de gran consumo como el previsto por Meta. Entre ellos, ha citado la exigencia de acreditar un elevado porcentaje de consumo procedente de nuevas instalaciones renovables y demostrar su correspondencia horaria con la energía utilizada.
Según ha señalado, si una empresa no pudiera acreditar esas condiciones, podría llegar a enfrentarse a la pérdida de permisos.
En el caso de ampliaciones futuras, Castilla-La Mancha pide además que las nuevas condiciones se apliquen únicamente a la capacidad añadida y no al conjunto de una instalación previamente autorizada.
También, Castilla-La Mancha reclama igualmente mayor participación autonómica en las decisiones relacionadas con estos centros.
Padilla ha considerado que el proyecto estatal concentra competencias sobre la viabilidad de las instalaciones, la retirada de permisos o la reasignación de capacidad eléctrica pese a que estas infraestructuras tienen efectos directos sobre el territorio, el urbanismo, el medio ambiente, el agua o las redes de distribución.
Además, piden que los indicadores de eficiencia energética tengan en cuenta las diferencias climáticas entre territorios. La portavoz ha advertido de que unas exigencias idénticas para todas las comunidades podrían perjudicar a las regiones de interior con temperaturas más elevadas, donde los centros de datos requieren un mayor gasto energético para refrigeración.
Por ello, ha manifestado el temor de que esta situación termine generando una nueva desigualdad territorial y favorezca que las inversiones tecnológicas se concentren en zonas con condiciones climáticas más favorables.
