El cierre de actividades que ha declarado el Gobierno para impedir la extensión de la pandemia del coronavirus ha afectado a 483.000 trabajadores en Castilla-la Mancha, según un estudio de Fedea.
De acuerdo con este estudio, en el conjunto de España se han visto afectados 9,2 millones de trabajadores por esta crisis, que también impedirá 1,7 millones de ofertas laborales y dañará más a los que buscan su primer empleo, parados de larga duración y mayores.
El análisis, usando datos de las personas ocupadas en cada sector en España de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), estiman tres efectos de la crisis del COVID-19 en el mercado laboral español, con millones de trabajadores directamente afectados, a los que se suma el parón de nuevas ofertas y dificultades adicionales para algunos colectivos.
El primer efecto, de carácter estático, proviene del cierre con la declaración del estado de alarma de las actividades económicas consideradas no esenciales, un parón que esta misma semana se ha ampliado a más sectores. Así, explican, en un primer momento el cierre afectó al grueso del comercio minorista, la hostelería y muchos servicios presenciales que empleaban en torno a 3,3 millones de trabajadores.
9,2 millones de afectados en toda España
Con la ampliación de la medida, el número total de empleos afectados llegaría a los 9,2 millones con Cataluña, Andalucía y Madrid a la cabeza, con más de 1,5 millones cada una.
De estas cifras, añaden, habría que restar a los trabajadores que han podido optar por el teletrabajo, un número que no se conoce por el momento. Junto a estos efectos directos, Fedea advierte de que las medidas influyen en decisiones de despidos, renovación de temporales y nuevas contrataciones, es decir a los flujos de entrada y salida del mercado.
La crisis «podría evitar casi 1,7 millones de ofertas» y «llevaría a posponer unos 1,3 millones de ceses, que podrían producirse de golpe una vez pasada la misma». También señalan que «tendrá previsiblemente efectos adversos importantes, aunque en buena medida indirectos», sobre tres grupos de personas: desempleados de larga duración sin prestaciones, nuevos entrantes y los trabajadores de mayor edad.
Para proteger a estos colectivos, recomiendan, «podría ser necesario introducir transitoriamente una renta mínima de amplia cobertura y duración, así como reforzar las políticas activas de empleo y mejorar su eficacia».
Junto a esto, piden mejoras en las estadísticas de empleo para hacer posible el seguimiento de la crisis y el análisis de la efectividad de las medidas tomadas para paliarla. Así, señalan de las personas sometidas a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) no se incluirán en las cifras de paro registrado ni en las bajas de afiliación a la Seguridad Social ni aparecerán como desempleados en la EPA.
Por ello, explican, se deberá tener un cuidado especial a la hora de analizar estos datos y extraer de ellos conclusiones sobre los efectos de la crisis del coronavirus. El trabajo es de Florentino Felgueroso (FEDEA), José Ignacio García Pérez (UNIA y FEDEA) y Sergi Jiménez (U. Pompeu Fabra y FEDEA).