El fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, ha dicho que los padres de Cristina Martín de la Sierra, la menor de 13 años asesinada por una compañera de clase en abril de 2010 en Seseña (Toledo), pueden acogerse a la ley de ayuda a víctimas de delitos violentos para que el Estado les indemnice.
A preguntas de los periodistas, Martínez se ha referido a la reclamación que los padres de Cristina han presentado al Consejo de Ministros porque consideran que el Estado no cumple la legislación comunitaria en materia de protección de víctimas de delitos violentos.
La abogada de los padres consideró que las familias de los menores víctimas de delitos violentos en España «no están bien protegidas» ya que la ley no prevé indemnizaciones ni ayuda psicológica por parte del Estado para ellas y solo contempla la ayuda cuando el fallecido genera ingresos en la unidad familiar.
Sin embargo, el fiscal jefe de Castilla-La Mancha ha asegurado que, en su opinión, la familia de Cristina Martín de la Sierra puede acogerse a la ley de ayuda a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, de 1995.
Esta ley es, ha explicado, para «aquellos casos más sensibles, donde la sensación de desprotección de la víctima es mayor, donde la víctima es más vulnerable, donde la vía ordinaria de resarcimiento por parte del causante del daño no es factible».
Esta ley «está funcionando y está canalizando determinadas peticiones de indemnización que terminan haciéndose efectivas por parte del Estado» en aquellos casos que cumplen los requisitos que marcha la legislación, ha dicho el fiscal superior refiriéndose a este caso.
José Martínez también ha dejado claro que, en términos generales, en España no hay un sistema de responsabilidad civil a cargo del Estado porque «las arcas públicas no podrían soportar semejante magnitud».
El Juzgado de Menores de Toledo otorgó a los padres de Cristina Martín una indemnización de 300.000 euros, la máxima cantidad que pedían sus progenitores, pero la abogada de los padres dijo que no han recibido «ni un solo euro» porque se han declarado insolventes.