El procedimiento de licitación del nuevo contrato del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros de Guadalajara y sus barrios anexionados ha concluido sin que ninguna empresa haya presentado oferta, una situación que el Ayuntamiento atribuye principalmente a factores económicos como la inflación y el incremento de los costes laborales, pero que no alterará ni la prestación del servicio ni el compromiso municipal de mantener los precios para los usuarios.
Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa el concejal de Infraestructuras y tercer teniente de alcalde, Santiago López Pomeda, quien ha avanzado que la Mesa de Contratación declarará desierto el proceso esta misma semana, previsiblemente el viernes, un acuerdo que posteriormente deberá ser ratificado por la Junta de Gobierno Local.
Pese a este contratiempo administrativo, López Pomeda ha querido trasladar un «mensaje muy claro» a la ciudadanía, subrayando que «el servicio de transporte urbano se va a mantener con total normalidad y ningún usuario se va a ver afectado en su día a día», ya que continuará prestándose bajo el actual régimen de prórroga forzosa.
El edil ha recordado que se trata de un contrato «complejo y de gran envergadura», con una duración prevista de diez años y un valor estimado de 93 millones de euros, destinado a impulsar «una transformación integral del transporte urbano de Guadalajara». En este sentido, ha señalado que la ausencia de ofertas es «una situación habitual en este tipo de licitaciones», en un contexto en el que las empresas del sector «analizan muy bien la rentabilidad antes de concurrir».
Entre las causas que habrían desincentivado la presentación de propuestas, el concejal ha apuntado, en primer lugar, a la inflación acumulada desde que se inició el expediente en junio de 2024, lo que ha dejado desfasados los precios de referencia utilizados en el pliego. A ello se suma, según ha explicado, el reciente acuerdo laboral alcanzado entre la actual adjudicataria y los trabajadores, tras un periodo de movilizaciones, que ha derivado en un nuevo convenio colectivo con «un incremento importante de los costes salariales».
«Podemos decir que el factor económico es la razón principal por la que el contrato no ha resultado atractivo para el mercado», ha reconocido López Pomeda, quien ha precisado que estos cambios se produjeron durante la tramitación del expediente y alteraron «las reglas del juego inicialmente previstas».
Tras declararse desierto el procedimiento, el Ayuntamiento ha activado de inmediato un comité técnico para revisar y adaptar los pliegos a la nueva realidad del mercado. No obstante, el concejal ha recalcado que no se parte de cero, sino que se modificará el estudio de viabilidad existente, sin coste adicional para las arcas municipales, al contar con una asistencia técnica ya contratada. Esta revisión supondrá, eso sí, un retraso administrativo estimado de entre cuatro y cinco meses respecto a las previsiones iniciales, aunque el responsable municipal ha insistido en que se trata de «una oportunidad para afinar el modelo» sin renunciar a ninguna de las mejoras previstas.
Entre ellas, ha citado la reorganización de la red en cinco grandes líneas, la creación de nuevas conexiones con barrios y zonas de expansión, la puesta en marcha de un minibús eléctrico para el casco histórico, la mejora de frecuencias, la reducción de tiempos de espera y la renovación completa de la flota con vehículos de energías limpias y marquesinas digitales.
«A pesar de esta incidencia, mantenemos el compromiso firme de que este nuevo modelo de transporte urbano entrará en funcionamiento antes de que acabe el mandato», ha asegurado López Pomeda, quien ha reiterado que el objetivo del equipo de Gobierno es que el contrato quede adjudicado dentro de la presente legislatura.
En el plano económico, el concejal ha descartado cualquier subida inmediata de precios para los usuarios y ha recalcado que el vecino «es la prioridad». «En ningún caso se va a cobrar por algo que no se va a disfrutar», ha afirmado, añadiendo que la actualización de las tarifas aprobada anteriormente no se aplicará hasta que esté en vigor el nuevo contrato con todas sus prestaciones. «No vamos a subir impuestos y, en cuanto a las tasas, lo prudente es esperar a tener el análisis completo y buscar fórmulas que garanticen la viabilidad sin perjudicar al ciudadano», ha indicado.
Finalmente, López Pomeda ha admitido sentirse «preocupado» por que el proceso no haya culminado como estaba previsto, pero también «motivado» ante el reto de sacar adelante «uno de los contratos más importantes del Ayuntamiento», en una ciudad que, según ha recordado, «sigue creciendo y necesita adaptar sus servicios a esa nueva realidad».
Convivencia entre taxi y VTC
En el mismo encuentro con los medios, el concejal de Infraestructuras ha anunciado que esta semana mantendrá reuniones con representantes de la CEOE y del sector del taxi para analizar la llegada de licencias VTC a Guadalajara. López Pomeda ha señalado que se trata de «conocer de primera mano esta realidad» y buscar un marco de convivencia equilibrado, recordando que mientras las licencias VTC dependen de la Junta, las de taxi son competencia municipal. «Hay que adaptarse a nuevas formas de movilidad, pero también proteger a un sector tradicional», ha subrayado.
Reparación de baches
Por otro lado, a preguntas de los periodistas, López Pomeda ha reconocido que las continuas lluvias han provocado la aparición de numerosos baches en distintas calles de la ciudad, una situación que ha calificado de «preocupante».
Al respecto, ha informado de que el Ayuntamiento tiene preparado un contrato de reparaciones menores dotado con cerca de medio millón de euros, que se activará en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan. Las actuaciones se extenderán tanto a los desperfectos ya detectados como a los que puedan surgir mientras persistan los episodios de lluvia.