El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha replicado este martes al secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, tras el reto lanzado a los alcaldes del PP para que bajen impuestos en materia de vivienda, imitando las decisiones fiscales anunciadas por el presidente autonómico, Emiliano García-Page.
Núñez ha calificado de «claramente insuficiente» el paquete de medidas que el Consejo de Gobierno ha probado hoy y ha defendido la necesidad de abordar reformas estructurales como la modificación de la Ley del Suelo y de la normativa urbanística.
Durante una comparecencia en la Plaza Mayor de Guadalajara junto a la alcaldesa de la capital, Ana Guarinos, Núñez ha asegurado que las iniciativas del Ejecutivo regional apenas tendrán impacto real y podrían beneficiar, según sus estimaciones, a entre 10.000 y 12.000 personas en toda la comunidad.
A su juicio, se trata de un conjunto de medidas «desordenadas y con mucha menos ambición» que la propuesta integral que el PP presentó hace un año en las Cortes regionales y que fue rechazada por el PSOE.
El líder regional del PP ha acusado al Gobierno de Page de no haber impulsado en once años ninguna reforma de las leyes básicas que condicionan el acceso a la vivienda. «Nunca se ha hablado de modificar la Ley del Suelo, la ley de urbanismo o la normativa medioambiental, y eso obliga a los ayuntamientos que quieren generar suelo y vivienda a hacerlo con legislación del siglo pasado», ha afirmado Núñez, denunciando además los retrasos de hasta una década en la aprobación o modificación de los planes de ordenación municipal.
Ayuntamiento de Guadalajara, ejemplo
En ese contexto, ha puesto como ejemplo la actuación del Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por el PP, que ha impulsado desde 2023 un total de 559 viviendas: 156 en régimen de alquiler asequible y 403 de protección oficial, gracias a la cesión de parcelas municipales y a recursos propios.
Así, según los datos municipales, el 34% de las viviendas que se construyen actualmente en la ciudad están sometidas a algún tipo de protección, lo que equivale a una de cada tres.
Núñez también ha cargado contra el Gobierno de España por el incumplimiento de los anuncios de construcción masiva de vivienda pública, recordando que de las 180.000 viviendas prometidas no se ha ejecutado ninguna.
En este punto, ha criticado igualmente a Sergio Gutiérrez por su papel como diputado nacional y por haber respaldado, según ha señalado, una Ley de Vivienda que «protege a los okupas frente a los propietarios», al tiempo que reclamaba una rebaja fiscal ambiciosa y mayor seguridad jurídica como pilares de una política de vivienda eficaz.
Contraria a declarar zona tensionada
La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha descartado solicitar la declaración de la capital como zona tensionada, pese al fuerte incremento de los precios de compra y alquiler registrado en los últimos años. La regidora ha defendido que la intervención del mercado no solo no soluciona el problema del acceso a la vivienda, sino que puede empeorarlo al retraer la oferta y generar inseguridad jurídica entre los propietarios.
Ha argumentado a preguntas de los periodistas que limitar los precios del alquiler «no beneficia a nadie» y que, cuando se imponen topes, los propietarios optan por retirar las viviendas del mercado o incrementar los precios para compensar la intervención.
«Decirle a una persona a qué precio tiene que alquilar su vivienda no es la solución», ha afirmado, subrayando que el problema de fondo es la falta de vivienda disponible. A su juicio, el Ejecutivo central no puede trasladar a los propietarios particulares la responsabilidad de resolver un déficit que corresponde a las administraciones públicas. Frente a la intervención de precios, la alcaldesa ha defendido una política basada en «hechos y no anuncios», centrada en la generación de suelo y la promoción de vivienda protegida.
La alcaldesa ha insistido en que declarar la ciudad como zona tensionada no resolvería la situación actual y ha reiterado su apuesta por aumentar la oferta, garantizar seguridad jurídica frente a la ocupación ilegal y exigir a las administraciones competentes que construyan las viviendas que anuncian. «Los problemas que genera el Gobierno deben resolverlos los gobiernos, no los particulares», ha abundado.