jueves, 9 de mayo de 2024
28/02/2013junio 13th, 2017

Las obras de acceso para conectar directamente la comarca de Fuensalida (Toledo) con la autovía A-40 ya se han iniciado y la previsión es que estén finalizadas antes de que termine este año.

Así lo han asegurado hoy a los periodistas el director general de Carreteras del Estado, Jorge Urrecho; el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador; y la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, durante la puesta en funcionamiento de la iluminación de las rotondas de la carretera TO-21, el último tramo de la autovía A-40, y la puesta en servicio de la calle que une esta carretera con la calle Alemania, de Toledo.


Urrecho ha explicado que la previsión es que «si no hay ninguna complejidad técnica», se terminen «lo antes posible» estas obras para el acceso de la comarca de Fuensalida a la autovía A-40, un proyecto que tiene un presupuesto de unos 4 millones de euros.

De la Calzada, por su parte, ha destacado que esta salida no estaba prevista en el proyecto inicial, pero «se ha solucionado» para que estos vecinos puedan tener acceso a esta autovía.

En este sentido, ha mostrado su agradecimiento al Gobierno central por «la disposición mostrada desde el primer momento desde que se le trasladó este error y su rápida decisión y puesta en marcha de las obras».

Del mismo modo, ha resaltado que Castilla-La Mancha está desarrollando un plan de carreteras de carácter bianual y, en este sentido, ha informado de que en los dos primeros meses de puesta en funcionamiento se han realizado licitaciones por valor de más de 16 millones de euros.

También Labrador ha destacado que «este un proyecto que escenifica la colaboración entre administraciones» y ha resaltado que el proyecto de la A-40 que «se inició, se desarrolló y, lo que es más importante, se finalizó y se pagó con gobiernos del PP».

Por otra parte, el delegado del Gobierno ha afirmando que se ha procedido a iluminar las glorietas de este tramo de la autovía, a pesar de que no le correspondía ni al Gobierno de España ni a la Junta de Comunidades con el fin de garantizar la seguridad.

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