Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha calificado de «barbaridad» las sanciones impuestas, de hasta 900 euros, a diversos vecinos de la localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan por defender en la calle, en febrero, de 2014, la gestión pública del agua.
Las multas oscilan entre los 301 y los 901 euros y afectan a seis personas que participaron en las caceroladas en apoyo a los miembros de la plataforma que se encerraron en el Ayuntamiento en contra de la privatización de la empresa.
Cinco de los sancionados tendrán que pagar 301 euros, mientras que el exportavoz de la plataforma y actual concejal del Ciclo Hidráulico del Ayuntamiento alcazareño, Juan Garrido, uno de los encerrados, al que se consideró responsable y convocante de las protestas que durante tres días tuvieron lugar en la Plaza de España, ha sido sancionado con 901 euros.
En un comunicado, el responsable de comunicación de IU CLM, Jacobo Medianero, ha considerado que «carece de sentido intentar aplacar las protestas ciudadanas ordenadas, pacíficas y que no causaron ningún tipo de problema en bienes ni mobiliario públicos, con multas de este calibre».
A juicio de Medianero, «lo que se está sancionando, y se pretende con ello, es la disconformidad mostrada porque, si analizamos lo que sucedió con rigor, no puede ser otra cosa.»
«Todos somos ciudadanos y sabemos qué esos días la gente de Alcázar estaba deseando expresar, de alguna manera, su malestar por las decisiones que se tomaban en cuanto a la gestión de su agua», ha agregado.
Además, ha añadido que el que se hiciera de una manera ordenada es, sin duda, «algo a alabar y no a multar, salvo que la crítica en sí misma sea lo que molesta y lo que se pretende silenciar».
Por último, Medianero ha abogado por el cese de este tipo de sanciones «por el bien de la libertad y la democracia» y ha pedido, al tiempo, con motivo de la constitución del nuevo parlamento, la derogación de la Ley Mordaza para «recuperar el país y los derechos de los ciudadanos».