El ciudadrealeño Juan Carlos Illescas ha sido hoy reelegido presidente regional del sindicato de enseñanza Anpe, tras la constitución del Consejo Sindical Autonómico, en el que también se han elegido todos los cargos ejecutivos del sindicato en la región.
El equipo directivo de Anpe en Castilla-La Mancha estará formado, además de por Juan Carlos Illescas, por Ramón Izquierdo Castillejo como vicepresidente; Cristina Aldea Herrera como secretaria de Acción Sindical; Mónica Sánchez de la Nieta Gascón, secretaria de Organización, y Nicolás Valer Orden, secretario de Finanzas.
También han sido elegidos como secretaria de Comunicación María Gema Castro Montes, secretario de Formación, Roberto Antonio Fernández Sánchez, como secretario de Acción Social, Miguel Higueras Gallén y como secretaria de Actas, Marta Nuño López.
El presidente autonómico de Anpe, durante su discurso, ha planteado la necesidad urgente de alcanzar un acuerdo en educación con la Consejería, con el fin de que se dignifique al profesorado de Castilla-La Mancha, facilitándole también que puedan prestar una educación de calidad en la región.
Illescas ha manifestado su más absoluto rechazo al mantenimiento de la situación actual de los profesionales de la educación tras los «fuertes e injustos recortes» que han sufrido en los últimos años, alguno de ellos de forma exclusiva en Castilla-La Mancha.
Además, ha presentado a la Consejería de Educación varias propuestas concretas como que se reduzcan progresivamente las ratios en las aulas, la incorporación de apoyos en Educación Infantil, la revisión de ratios por alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y la reposición progresiva de los horarios lectivos del profesorado.
También la compensación por la elevada pérdida de poder adquisitivo de los profesores, la devolución de la paga extraordinaria de 2012 y la recuperación de los complementos laborales y del programa de acción social.
Otras propuestas que Illescas le hará llegar al Gobierno regional son el restablecimiento de las ayudas individuales por formación, el cumplimiento estricto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la regularización de la situación administrativa de suprimidos y desplazados o el pago de sexenios a los interinos y oferta de empleo para este colectivo de todas las plazas sostenidas con fondos públicos.