La Fiscalía ha apreciado indicios de un presunto delito de prevaricación en la actuación de Jaime Celada, alcalde del PP en Cabanillas del Campo (Guadalajara), tras la denuncia por la vía penal, a principios de julio, ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Guadalajara.
Según ha informado el PSOE en nota de prensa, la decisión del fiscal es fruto de una denuncia presentada en su día por el Grupo Socialista por posibles irregularidades e injerencias del alcalde para impedir que el tribunal de la oposición pudiera realizar libre y correctamente sus funciones en el concurso para cubrir una plaza de Vicesecretaría-Intervención en la plantilla municipal.
Los hechos denunciados se remontan al otoño de 2013, cuando una de las personas que participaba en el concurso de méritos convocado para ser vicesecretaria-interventora municipal presentó recurso de alzada ante el tribunal por no estar de acuerdo con la valoración de méritos otorgada a cada aspirante, por lo que el tribunal calificador fijó una fecha para elaborar informe sobre dicho recurso y trasladarlo al alcalde para que resolviera.
Sin embargo, según el PSOE, Celada primero recusó a dos miembros del tribunal, después pudo ordenar la desconvocatoria de la reunión del tribunal, según la sentencia, y finalmente fue el presunto responsable de ordenar su disolución, consiguiendo que no se emitiera informe jurídico sobre el recurso de alzada.
De esta forma, «el alcalde acabó firmando la adjudicación de la plaza a la persona que previamente la ocupaba como interina, que así pasó a ser funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo», ha agregado.
Los hechos fueron denunciados por el Grupo Socialista ante el Ministerio Fiscal, por considerar que Celada había vulnerado dos artículos del Código Penal y había incurrido en posible delito de prevaricación, y por la opositora perjudicada ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo, y que ahora son denunciados por el Fiscal ante el juzgado número 4 de Guadalajara.