La II Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social de Castilla-La Mancha tiene entre sus objetivos reducir la pobreza severa en la región al 4 %, y que la población en riesgo de pobreza y exclusión social se reduzca al 30 %, en sus cuatro años de vigencia.
Actualmente, el 9,8 % de la población de la región está en esa situación de pobreza material y social severa, por lo que se plantea que esta tasa se haya reducido al 4 % en 2030, cuando acabe la II Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social, ha indicado este viernes la presidenta de la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN), Mar González.
Además, González ha confiado en que en 2030 se haya reducido la tasa AROPE (el indicador oficial de la Unión Europea para medir el porcentaje de la población que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social) a en torno al 30 % o incluso menos, que ahora está en el 34 %.
En este sentido, ha precisado que con la primera estrategia se consiguió reducir la tasa AROPE al 30 % en torno al 2020, desde el 37 % que tenía en 2017, aunque después ha aumentado a la tasa actual por diferentes motivos, y espera que vuelva a reducirse en 2030, cuando finaliza la II Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social de Castilla-La Mancha que aprobó el pasado martes el Consejo de Gobierno.
Doble de medidas que en la primera estrategia
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha destacado que esta segunda estrategia de lucha contra pobreza tiene el doble de medidas que la primera, así como que en su aplicación se va a trabajar de forma transversal con distintas Consejerías del Gobierno regional, con la colaboración de EAPN, que ya ha colaborado en su elaboración.
García Torijano ha señalado que se plantean tres grandes retos, 12 objetivos y 118 medidas, frente a las más de 50 medidas que tenía la primera estrategia, lo que supone duplicar el número de medidas para poder poner en marcha más acciones.
Asimismo, ha señalado que el primero de los retos es la inversión social en las personas y también en los territorios, y aquí se incluyen00 actuaciones relacionadas con el apoyo a las familias, apoyos que vienen dados en diferentes recursos, con una educación equitativa, inclusiva, formación y empleo, y acceso a la vivienda.
El objetivo es garantizar cuestiones muy concretas como asistencia material básica, familias que tienen menores a su cargo, becas de comedor, transporte escolar, bancos, libros, de formación para las personas mayores, dificultad de inserción laboral, coordinación entre los servicios sociales y también con las oficinas de empleo o medidas relacionadas con la vivienda y el alquiler asequible, ha apuntado la consejera.
A su vez, el segundo de los retos que recoge la estrategia es la protección social, en aspectos como la atención sanitaria, apoyo a la infancia y a las familias, servicios sociales, protección de consumidores en situaciones de vulnerabilidad o actuaciones específicas dirigidas a mujeres que atraviesan situaciones de también especial dificultad.
Y el tercer reto de la estrategia, «y no menos importante», según García Torijano, es el desarrollo de alianzas, el trabajo en red, que puede parecer menos visible pero es importante para que las distintas actuaciones que se llevan a cabo entre los distintos actores estén bien coordinadas.
Se trata de que haya información común con la que pueda trabajarse para evaluar resultados y se disponga de todas las herramientas y de todos los apoyos suficientes, «para poder trabajar sobre todo la inclusión tanto social como laboral, y poder entrar en una dinámica y una rueda de progreso para la ciudadanía», ha recalcado la titular de Bienestar Social.