El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado su oposición al real decreto ley que establece el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, al considerar que no ha sido consensuado ni financiado de forma adecuada.
Así lo ha expresado este miércoles desde Ciudad Real la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, a preguntas de los periodistas, tras conocerse que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La consejera ha recalcado que la región quiere contribuir a la solución de la crisis migratoria, en especial a la situación que vive Canarias, pero siempre que se garantice una financiación adicional y suficiente para poder atender a los menores con todas las garantías.
«Castilla-La Mancha quiere ser solidaria, pero tiene que ser con una financiación justa. No se puede afrontar este reto con una reducción del 80% del presupuesto respecto a años anteriores«, ha advertido.
El sistema, al 98% de su ocupación
García Torijano ha recordado que el sistema de protección regional cuenta con 560 plazas y está al 98% de ocupación, por lo que resulta inviable asumir el acogimiento de 320 menores adicionales que plantea el Gobierno central sin comprometer la atención a otros menores ya tutelados por la Junta.
Además, ha criticado que el real decreto se haya aprobado «sin diálogo con las comunidades autónomas» y sin atender propuestas como la presentada por Castilla-La Mancha el pasado mes de febrero.
«Era una propuesta seria, planificada y que abordaba también la vida autónoma tras la mayoría de edad, pero ni siquiera hemos podido sentarnos a hablar de ella«, ha lamentado.
En este sentido, ha reclamado que se garantice una acogida con las mismas condiciones y garantías que reciben los menores que ya están bajo tutela de la comunidad autónoma, sin poner en riesgo el sistema de protección existente.
Ha insistido en que las comunidades no pueden absorber a más menores sin una financiación que cubra todas sus necesidades, incluidas las derivadas de su paso a la vida adulta.
«Inviable» asumir lo planteado por el Gobierno
Ha señalado que Castilla-La Mancha también acoge menores no acompañados que llegan por otras vías o desde otras comunidades cercanas, y ha reiterado que el año pasado, al cierre de 2024, fueron 174 los menores migrantes acogidos por la región. En su opinión, asumir ahora 320 nuevos menores, en el corto plazo previsto por el Gobierno, es “inviable”.
García Torijano ha asegurado que Castilla-La Mancha quiere contribuir y ayudar, pero que no se puede hacer «por las bravas ni a la fuerza», recordando que se trata de una competencia del Estado y que debe abordarse desde la coordinación.
También ha advertido del riesgo de generar tensión social si no se gestionan bien estas decisiones, citando como ejemplo los movimientos de rechazo en Torre Pacheco, donde ha considerado que se está generando un caldo de cultivo «preocupante» de xenofobia y racismo.
Por último, ha mostrado su esperanza de que el Ministerio escuche las propuestas planteadas por las comunidades en la conferencia sectorial convocada para este jueves, y ha reiterado que Castilla-La Mancha está dispuesta a colaborar, pero siempre que se garantice una acogida digna, segura y sostenida en el tiempo.
