La sanidad pública de Castilla-La Mancha no practica abortos en los centros públicos. Solo en dos de ellos – y de gestión privada – en Albacete y Ciudad Real, se practican interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) derivadas de los hospitales públicos. Es decir, todas las mujeres que quieren abortar en la región son derivadas a centros de gestión privada (un 99,9%, según los datos del Defensor del Pueblo).
La nueva ley del aborto, que ha entrado en vigor en 2023, obliga a las comunidades autónomas a establecer un registro de objetores de conciencia en los hospitales públicos. En Castilla-La Mancha, ese registro está en trámites de realizarse, como ha confirmado Blanca Fernández, portavoz de la Junta regional y consejera de Igualdad, a preguntas de ENCLM.
De hecho, la problemática con la que se está encontrando la Junta es la «falta de médicos». «Nos resulta complicado cubrir las plazas», ha reconocido Fernández. El registro de objetores de conciencia de facultativos busca tener datos sobre cuántos de ellos se acogen a la objeción de conciencia para no practicar abortos.
¿Hay sanitarios que se niegan a practicar abortos en la sanidad pública y sí lo hacen en la privada? «No hay médicos que no lo hacen en la pública y sí en la privada», ha aportado Fernández.
Castilla-La Mancha, una de las cinco comunidades sin abortos en centros públicos
El objetivo es crear unidades en cada hospital
Blanca Fernández ha defendido que el Gobierno regional quiere «la gestión directa» en la atención a las mujeres que quieren abortar, tal y como indica la ley. «Lo cierto es que no podemos hacerlo de otra manera. Si la ley hubiese encontrado otra manera de hacerlo, lo hubiera hecho», ha asegurado la portavoz regional.
«Una cosa sería que el Gobierno no quisiera cumplir y que hiciera todo lo posible para torpedear la ley y otra muy distinta es cumplir la ley y respetar la objeción de conciencia», ha continuado la consejera de Igualdad, que también ha recordado que la objeción de conciencia es un derecho constitucional. «Como no podemos prestar servicio en los hospitales públicos, lo garantizamos en clínicas concertadas».
«Si no hay profesionales suficientes, nos encontramos con las manos atadas», ha admitido Fernández. El registro de médicos objetores de conciencia sigue en trámites. Por ahora, no hay datos ni fechas.