El Gobierno de Castilla-La Mancha ha criticado que se hayan convocado «rezos» frente a clínicas donde se practican abortos, recordando además que está penado en el código penal y que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deben impedir esos actos que buscan «coaccionar o hacer sentirse peor a esas mujeres».
Así ha respondido la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, quien ha querido reivindicar que «el derecho al aborto está reconocido en el sistema jurídico español» y que el papel del Gobierno regional es velar porque se cumpla ese derecho, si bien no tiene competencias en materia de seguridad, por lo que debe ser otra adminsitración, en este caso el Gobierno de España a través de las fuerzas de seguridad, el que debe impedir que se presione a esas mujeres mediate esos rezos convocados.
El colectivo «40 días por la vida» ha convocado retos en 25 ciudades de España a partir del 18 de febrero, algunos de ellos en Castilla-La Mancha, en Albacete, Toledo y Talavera.
«Ya está recogida esa prohibición de presionar a las mujeres. Evidentemente no es a la Junta quien tiene que impedirlo, no tenemos policía autonómica, si no se respeta el derecho de las mujeres, son los cuerpos y fuerzas de seguridad», ha explicado Padilla.
