El Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción del convenio entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el desarrollo del Sistema de la Dependencia en 2023 por un importe total de 103.907.232,38 euros, de los que la aportación de Castilla-La Mancha asciende a casi 52 millones de euros, la misma cantidad que destina el Gobierno de España, ya que cada una de las partes aporta el 50 por ciento del montante total. lo que significa un aumento de casi 40 millones más con respecto al anterior.
“Se superan por primera vez los 100 millones de euros en el nivel acordado entre ambas administraciones para el desarrollo del Sistema de Dependencia, conformando la mayor cantidad existente hasta la fecha en esta colaboración”, tal y como ha especificado hoy, en rueda de prensa, la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha añadido que este convenio “nace del acuerdo y de la voluntad de dos gobiernos con sensibilidad por las personas más vulnerables, en este caso por las personas con algún nivel de Dependencia, ya sea personas mayores o con algún tipo de discapacidad”.
Por ello, Padilla ha hecho énfasis en que este nuevo acuerdo «incrementa su cuantía en 40 millones con respecto al año pasado, lo que permitirá garantizar un servicio de dependencia más justo y humano».
Además, la portavoz también ha informado que, en la gestión del Sistema de la Dependencia, la Región ha certificado en el año 2022 al Estado 499,8 millones de euros, “una cifra que demuestra la gran implicación del Gobierno del presidente Page en el compromiso de equilibrar las cuentas para garantizar la estabilidad de las prestaciones, así como el fortalecimiento del Sistema de la Dependencia en Castilla-La Mancha”.
El doble de personas atendidas desde 2015
De este modo, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha informado que, en Castilla-La Mancha, el Sistema de la Dependencia atiende a 70.000 personas con grado de dependencia reconocido y beneficiarias de alguno de sus servicios o prestaciones, “gracias a un trabajo continuado del Gobierno de García-Page”, ha remarcado.
A este respecto, Esther Padilla ha recordado que “cuando gobernaba el PP en la región, este sistema contaba con 34.688 beneficiarios y desde que lo hace Emiliano García-Page contamos con 35.312 beneficiarios más, lo que demuestra el empeño en potenciar el sistema y mejorarlo, doblando el número de personas atendidas”. Por ello, no ha pasado por alto que “en un momento de crisis económica, cuando las familias más ayuda necesitaban, el Gobierno de Cospedal decidió esconder los expedientes en un cajón, para no tramitarlos, lo que se tradujo en casi 27.000 personas dependientes invisibilizadas”.
La consejera Portavoz ha tenido también presente durante su alocución que, durante la legislatura de 2011 a 2015, se pusieron en marcha “las tasas de la vergüenza, un catálogo amplio de trámites administrativos, como la revisión del grado con un cobro de 40 euros para poder ser valorados, que desmotivaba a las personas y a las familias que necesitaban ayuda para que no accediesen al sistema y así evitar tener que concederles alguna prestación o servicio”.
Castilla-La Mancha, la segunda región que antes resuelve las ayudas
Por tanto, Esther Padilla ha remarcado hoy que, en cuanto a Dependencia, “hemos ido remontando todo el déficit que dejó el Gobierno del PP y los recortes que nos llevaron a la cola de gestión en las comunidades autónomas”. Y ha asegurado que el empeño por atender todas las solicitudes y ampliar el número de servicios, más de 90.000, “ha hecho que en 2023 el Observatorio de la Dependencia nos otorgue un 7,9; hemos pasado de suspender a un notable alto”.
De este modo, la consejera Portavoz ha declarado que “somos la segunda comunidad autónoma que antes resuelve las ayudas de la dependencia”, según los datos del Imserso, tardando unos «seis meses».
Además, ha recordado que el convenio aprobado hoy, “fue eliminado por el Gobierno de Rajoy. Se eliminó el nivel acordado con las comunidades autónomas para mantener el Sistema de la Dependencia”, situación que supuso que, desde el 2012 hasta el 2021, “las comunidades autónomas tuviesen que asumir todo su coste. “Cospedal nunca reclamó que se volviera financiar”, ha sentenciado.
Por ello, la consejera Portavoz ha explicado que tras llegar el presidente Emiliano García-Page al Gobierno de Castilla-La Mancha, “no solo se retomó el acuerdo, sino que la inversión en el mismo subió progresivamente”, detallando que se destinaron 32 millones de euros en 2021, que se convirtieron en 63 millones de euros al año siguiente, mientras que este 2023 ha ascendido a la cantidad total de 104 millones de euros “para este convenio tan determinante y lograr una mejor prestación para las personas en situación de Dependencia.