La intensidad del día a día, más si cabe en los tiempos que corren, provoca que a los periodistas nos cueste ver más allá de lo que marcan las instituciones y partidos políticos, aunque esa rutina se para a veces y, en gran medida, se debe a los sucesos. No es agradable hacerse eco del sufrimiento humano, pero una vez hecha la difícil tarea volvemos a las noticias habituales. Ahora, ¿qué pasa con los protagonistas de los trágicos desenlaces que ocurren en nuestro territorio una vez que los micrófonos se retiran del lugar? ¿Cómo quedan tras un periodo de tiempo concreto e intenso en el que sus vidas, a su pesar, han generado titulares?
Desde que en el año 2003 el Gobierno de España empezó a contabilizar las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, en Castilla-La Mancha se han registrado 64 casos. Mujeres con intereses, expectativas y preocupaciones a cuyas historias los periodistas dejamos de prestar atención con cierta rapidez. En ocasiones, madres a las que un hombre arrebata la vida sin poderse despedir de sus hijos e hijas, quienes quedan marcados por la lacra de la violencia de género.
ENCLM reflexiona sobre este asunto y aborda desde el punto de vista psicológico, político y judicial cómo es el día a día de los huérfanos menores de edad en Castilla-La Mancha tras el asesinato de sus progenitoras, una cuestión compleja que implica a muchas personas, quienes trabajan con un objetivo común: aliviar el sufrimiento y no añadir más violencia, meta que se busca desde el primer momento.
Isabel Navarro es una de las profesionales que trabajan en el programa de atención psicológica a menores víctimas de violencia de género en la provincia de Ciudad Real, un servicio gratuito que ofrece el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en toda la región y que está financiado por el Ministerio de Igualdad en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de género.
En una charla con este digital, explica que la primera intervención con los menores de edad es «complicada». Se coordina entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el servicio de emergencias y la Junta de Comunidades. A los empleados del servicio les llaman alertándoles de que ha habido un feminicidio y acuden al lugar donde se ha producido para atender a los hijos. Si el asesinato ocurre en fin de semana, la atención corre a cargo de Cruz Roja.
Isabel Navarro, psicóloga del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Según la edad reaccionan de una forma u otra, pero «lo normal es el shock«, más aún cuando presencian el asesinato, pues todo se produce en un «entorno caótico» en el que a veces «nadie les cuenta nada»; por tanto se realiza una asistencia personalizada con el objetivo de explicar, dar seguridad y contar cuáles son los siguientes pasos, respetando siempre lo que sienten. «Si están en silencio, no hay que obligarles a hablar. Preguntarles qué necesitan. Si quieren dibujar, hablar, un abrazo…».
Odio, rabia, culpa… «Tienen que gestionar un doble duelo»
Después de esa intervención de urgencia, el seguimiento continúa en sesiones psicológicas, cuya frecuencia depende del caso. Las menores son atendidas en el servicio hasta los 18 años, pues después son derivadas a uno de los 87 Centros de la Mujer que funcionan en la comunidad autónoma, pero a los chicos les alargan la atención hasta los 21 porque no les pertenece ningún recurso posterior.
Los 16 terapeutas del programa en toda la región, según los datos facilitados por la Consejería de Igualdad, atendían a 588 menores víctimas de violencia de género entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de agosto de 2026, de los cuales nueve eran huérfanos.
Isabel Navarro insiste en que en muchas ocasiones, con la intención de protegerlos, los adultos les mienten porque, sobre todo cuando son pequeños, «piensan que no comprenden lo que sucede» y por eso «si no se hace un relato adecuado, coherente y verdadero de lo ocurrido, la memoria se fragmenta según el niño crece y construye un relato que no tiene nada que ver con lo que ha sucedido».
Además, a veces, se oculta la autoría del padre en el asesinato, «les dicen que han ido a la cárcel, pero que no está claro si lo ha hecho, entonces, como el apego sigue, los menores se agarran a lo más ventajoso para su estabilidad mental y pueden llegar a creer que el progenitor no es el culpable e, incluso, a justificarlo«, aborda.
Desde el ámbito clínico es crucial analizar los sentimientos contradictorios que surgen respecto a los padres, pues puede aparecer una sensación ambivalente: «Le quiero, pero le odio. Surge la culpa, la rabia, pero también se plantean si quieren tener contacto con él. Esto puede pasar y hay que normalizarlo para que no se sientan culpables». El paciente tiene que gestionar «un doble duelo«, pues «ha perdido a sus dos figuras de apego».
Al tiempo, «les cuesta mucho autorregularse. Hay que enseñarles a aceptar el enfado, pero también a que sean conscientes de cómo lo muestran, si hacen daño a los demás o a ellos mismos. Incluso se dan cuenta de que reproducen comportamientos que veían en casa, y les da miedo, pero tienen que asumir que no es algo genético, que no va en su ADN y que trabajando se aprende», continúa la psicóloga.
La huella de la tragedia
El asesinato les marca de por vida, y las patologías que les pueden quedar son muy variadas, desde trastornos de ansiedad y depresión hasta intentos autolíticos, pasando por crisis de identidad, hipervigilancia constante, trastornos disociativos, de conducta alimentaria…
Incluso pueden reproducir patrones que han visto en los episodios de violencia en el hogar, convirtiéndose en acosados o bullies en el entorno escolar o víctimas o agresores con futuras parejas.
En este sentido, durante el trabajo en las sesiones de terapia, pero también en las casas donde tienen que comenzar una nueva vida, es importante aplicar la perspectiva de género para que no copien esos comportamientos.
A las personas que asumen la tutela de estos chicos y chicas, Isabel Navarro les recomienda que hagan con ellos una historia de vida, un libro que cuente cómo era y es la realidad del menor, que refleje quiénes son, dónde nacieron, sus amigos, sus gustos, pero que aborde el asesinato de sus madres igualmente.
La profesional ensalza la importancia del servicio de atención psicológica, «es imprescindible», y añade que un modo de consolidarlo es que deje de renovarse cada cuatro años y que pase a ser fijo «para que siempre esté, independientemente del presupuesto que haya».
Cuando la política se pone al servicio del ciudadano
Este tipo de herramientas son posibles gracias al compromiso político de los representantes públicos que legislan y que llevan los textos a la realidad. En el año 2014, España ratificó el Convenio de Estambul, haciendo que la norma nacional considerara víctimas directas de violencia machista a los hijos e hijas de las mujeres.
Años después, Castilla-La Mancha creó la ley 4/2018 para una Sociedad Libre de Violencia de Género, «referente» en el Estado por ser precursora en su consideración como un problema social y por su «acertado enfoque integral». Incluye, entre otras cuestiones, el derecho a la atención psicológica.
La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Teresa López Tomé y la jefa de servicio de Programas y Recursos, Carolina López, ensalzan que cuidar a los menores «es el objetivo principal de la administración», pues participa en la coordinación tras el asesinato para que no tengan que contar en repetidas ocasiones ni a diferentes personas los episodios vividos y para que esa primera noche duerman con algún familiar directo o amistades de la madre.
La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Teresa López y la jefa de servicio de Programas y recursos, Carolina López
A partir de ese momento «hay que asegurar que la tutela no sea otra forma de violencia para los menores«, un proceso que se hace de la mano entre el Instituto y la consejería de Bienestar Social y que tiene como fin prioritario que los menores se queden con personas de confianza, si bien también existe la fórmula de las familias de acogida, mientras que la última opción es la tutela por parte del Gobierno regional en un centro de acogida; detalla la directora.
Las ayudas económicas a huérfanos por la violencia de género en la región
Para facilitar el desarrollo vital de los hijos e hijas, la Junta contempla ayudas de orfandad inmediatas tras un asesinato y disponibles hasta los 21 años -25 si tienen discapacidad- así como a las personas dependientes que estaban a cargo de la mujer asesinada. Tienen una cuantía anual de 7.200 euros por caso.
Para la realización de estudios universitarios existen las becas Leonor Serrano Pablo, también del Ejecutivo autonómico. Prevén ayudas de hasta 2.000 euros para el pago de las matrículas, hasta la tercera convocatoria, y un apartado específico para el estímulo a la hora de formarse, con una cuantía adicional de 1.000 euros. Estas ayudas son complementarias a las becas MEC del Ministerio de Educación.
Los recursos, reflexionan, se enmarcan en una labor «muy coordinada e interinstitucional» para garantizar el mayor bienestar en un contexto duro. Por eso Teresa López Tomé alerta del peligro de los discursos negacionistas de la violencia machista, como el de Vox, «que tilda de ‘chiringuitos’ a los Centros de la Mujer». Un argumentario que «desincentiva a las víctimas a denunciar. Da terror pensar lo que podemos perder, que pueden borrar todo lo que hemos conseguido hasta ahora», sigue.
«Es una obligación de la sociedad y de las instituciones erradicar la violencia de género», agrega la jefa de servicio, «y también reparar a los niños y niñas, aunque no les podamos devolver a sus madres«, apostilla.
El camino judicial
Al tiempo que los menores y las familias afectadas viven el duelo, se enfrentan a la burocracia y sobrellevan el duro proceso psicológico, les toca enfrentarse a la vía judicial.
La abogada especializada en violencia de género, vocal de la subcomisión de violencia de género del Consejo General de la Abogacía Española y miembro del Consejo de Abogacía de Castilla-La Mancha, Inmaculada Poveda, explica que uno de los momentos más «complejos» se da cuando el menor tiene contar a la Justicia lo que ha vivido en su hogar.
Inmaculada Poveda, abogada especializada en violencia de género
Para evitar que tengan que ingresar en sala para declarar, un profesional del equipo psicosocial se aísla con el menor en una sala del juzgado y comienza la prueba preconstituida, iniciando una grabación en vídeo y planteándole las preguntas que han formulado las partes.
La cuestión se adapta en base a la edad, con el objetivo de no revictimizar, que las entiendan y que se sientan lo más cómodos posible. Si el niño pide estar acompañado de una persona de confianza se puede permitir, si bien no está autorizada a intervenir. Esa declaración se visualizará después en la vista judicial, repasa la abogada.
El Gobierno de Castilla-La Mancha se persona como acusación popular ante los tribunales en todos los casos de asesinatos por violencia de género que suceden en la región para garantizar la defensa de las víctimas y de sus familias en el proceso judicial.
Poveda reflexiona sobre la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, con la que el Ministerio de Infancia y Juventud busca que todos los menores sean escuchados en un juicio. “El Código Civil entiende que pueden a partir de los 12 años, pero es cierto que a los 6 o 7 ya pueden hacer un relato probatorio, aunque sea sencillo, con señas», si bien recuerda que esta posibilidad depende aún de los magistrados.
La abogada destaca “el cambio de paradigma” que introdujo esa legislación, la Ley Orgánica 8/2021, pues permitió la suspensión de las visitas a los progenitores si están en prisión; la privación de la patria potestad sin que haya sentencia para que el padre no tenga derecho a decir sobre cuestiones de la vida de los menores; que el hijo pueda eliminar el apellido paterno…
Esta norma, añade, también posibilitó que se introdujera el término de violencia vicaria: cuando el hombre hace daño a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente a través de sus hijos e hijas.
No obstante, si hay una ley «importante» para Poveda esa es la 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ya que a raíz de su aprobación las instituciones “empezaron a asumir responsabilidades y dejamos de lado esos casos en los que las mujeres iban a denunciar a sus parejas y la Policía les decía que algo habrían hecho ellas”, lamenta.
Inmaculada Poveda considera que “tenemos leyes muy potentes” que ofrecen mecanismos de protección que antaño no existían, sin embargo admite que “la vida diaria supera en muchas ocasiones a lo que está regulado”, por lo que apuesta por la ampliación de la legislación y reivindica la importancia de la perspectiva de género en el ámbito de la Justicia.
Según datos del Ministerio de Igualdad, desde el año 2013, cuando se inició el registro, hasta diciembre de 2025, han sido 39 los menores de edad que se han quedado huérfanos en Castilla-La Mancha por la violencia machista.
Este reportaje se terminó de editar tras el asesinato de Luisa a manos de su expareja en Valverde del Júcar (Cuenca), el día 8 de octubre de 2026. Tenía dos hijas de seis y 14 años, que, previsiblemente, vivirán con sus abuelos. Sirva este trabajo periodístico de recuerdo para ellas y el resto de víctimas de la violencia de género.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la policía con geolocalización.
