El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara, Lorenzo Robisco, ha anunciado en rueda de prensa la presentación de una moción de «máximo interés provincial» sobre las «supuestas irregularidades» en la Mancomunidad Vega del Henares que se llevará al próximo Pleno del día 21 de febrero.
En dicha propuesta se exige «un cambio inmediato de actitud del actual presidente y máximo responsable de la Mancomunidad, Julio García, concejal del Ayuntamiento de Azuqueca y diputado provincial, requiriendo en caso contrario su dimisión». Además, Robisco ha anunciado que se denunciará ante el Tribunal de Cuentas la situación por la que atraviesa dicha mancomunidad y que se inicie una investigación y se determine la responsabilidad que pueda derivarse de tales actuaciones frente a los tres presidentes que han pasado por esta mancomunidad: Elisa Cansado, José Luis Blanco y Julio García, por la «negligente e irresponsable actuación continuada al frente de dicha administración».
El portavoz del Grupo Popular afirmó que las «irregularidades están centradas fundamentalmente en la ingente deuda superior a los ocho millones de euros que, no obstante, está todavía sin cifrar por la falta de transparencia, la ocultación de datos y porque no facilitan la más mínima información a los municipios mancomunados».
Asimismo, Robisco también ha informado de que «se dará cuenta de estas supuestas irregularidades a todos los municipios de la provincia de Guadalajara que pueden verse afectados por la mala gestión de la misma, ante los impagos que pueden producirse, y de hecho ya se han producido, en el Consorcio Provincial de Residuos Urbanos de la provincia».
Además, Robisco ha detallado que la deuda acumulada es fruto de «muchos programas innecesarios como el denominado Alcazul, los sueldos del presidente, el personal confianza, las atenciones protocolarias o instalaciones que no se han puesto nunca en marcha como la de Yunquera de Henares que parecía que iba a ser un complejo medioambiental y hoy no hay nada de nada después de cinco años». «Es uno de los muchos ejemplos que se pueden poner y, por si eso fuera poco, están manteniendo un contrato que no han revisado nunca, no han hecho nada salvo engordar la deuda y tener un contrato insostenible en este caso con Cespa», ha dicho Robisco, añadiendo que «la única medida que se ha tomado ha sido fruto de las obligaciones legales que impone el Estado de pago a proveedores; si no es por esto no pagan absolutamente a nadie». «Están dilapidándola derrochando el dinero público», ha apuntado.
Por último, Robisco se ha referido a las daños colaterales que puedan causarse por la «mala gestión» de los responsables de la mancomunidad, en referencia a ayuntamientos y vecinos de la provincia; algunos de ellos «muy preocupados» por los perjuicios que pueden ocasionar los impagos de la mancomunidad.