El Gobierno de Castilla-La Mancha ha firmado un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS) y la Asociación de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AMAT) para mejorar la gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes de origen traumatológico.
Así lo han informado la consejera portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, donde ha explicado que el objetivo es «mejorar la gestión de la salud de los trabajadores y evitar prolongaciones innecesarias de los procesos, contribuyendo a reducir el absentismo vinculado a situaciones que pueden resolverse antes, siempre con pleno respeto al derecho a la baja médica».
Aaún asi, Padilla ha defendido que «la incapacidad temporal es un derecho y una garantía sanitaria, y en ningún caso se cuestiona su legitimidad», pero que la prolongación innecesaria de una baja no beneficia ni a la persona trabajadora, ni a la empresa ni al sistema público».
Ha aseverado que siempre que «médica y clínicamente sea posible» se intentará optimizar los recursos, pero que la decisión final seguirá correspondiendo al sistema público de salud».
Este convenio permitirá realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores con mayor agilidad, reducir duplicidades entre entidades y optimizar recursos, siempre que médica y clínicamente sea posible.
A su juicio, «cuando una baja se prolonga más de lo clínicamente necesario, no gana nadie: ni la persona trabajadora, ni la empresa, ni la Seguridad Social, ni el sistema público».
Modificación estatutos Innocam
El Consejo de Gobierno ha aprobado además la modificación de los estatutos de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha (Innocam) para que pueda a partir de ahora sea esta la encargada de la evaluación científica y técnica de los proyectos de investigación desarrollados en la comunidad autónoma.
Hasta ahora, esa evaluación dependía mayoritariamente de la Agencia Estatal de Investigación, incluso cuando los proyectos se ejecutaban en Castilla-La Mancha. A partir de ahora, la evaluación se realizará directamente en la Comunidad, con estándares nacionales e internacionales y con plena autonomía.
Este cambio afecta a todos los actores que conforman el Sistema de I+D+I de Castilla-La Mancha, como las universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, empresas, personal investigador.
Para el nuevo papel evaluador de la agencia, la portavoz del Ejecutivo ha recordado «el gasto de 100.000 euros al año para cubrir las evaluaciones científicas, en el marco de una estrategia más amplia respaldada por 1.300 millones de euros del recién aprobado Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación».
Participación ciudadana: más de 60 proyectos
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Programa Anual de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha para 2026, el sexto que tramita el Gobierno regional desde 2020, y que va a suponer el desarrollo de 62 procesos participativos en el presente ejercicio, de los que 43 son de carácter normativo.
Padilla ha desgranado que entre las iniciativas de este año están leyes como la de Industria, la de Universidades, la de Cambio Climático o la de Accesibilidad Universal, y ha hecho hincapié también en el papel del Portal de Participación Ciudadana de la Junta, con 44.000 visitas desde su puesta en marcha en 2020.
En este sentido, ha remarcado que si se compara con 2020, cuando se contabilizaron 1.601 aportaciones, la participación se ha multiplicado por 10 en cinco años.
Por último, el Ejecutivo autonómico ha dado luz verde a la cesión gratuita al Ayuntamiento de Cuenca de un edificio en el barrio de San Antón, en la calle San Lázaro, que ya se destina a centro social municipal.
Cesión gratuita propiedad centro social municipal de Cuenca
Además, en su última reunión, el Gobierno del presidente Page ha acordado ceder la propiedad de un inmueble al Ayuntamiento de Cuenca, el actual Centro Social Municipal, ubicado en la calle San Lázaro, 80.
Se trata de “un inmueble que ya se destina al centro social municipal y, por tanto, esta cesión gratuita, va a contribuir a una gestión más eficaz, al permitir que la administración más cercana, que es la que presta el servicio y ya hace uso del edificio, pueda gestionarlo de forma directa”, ha destacado.
