La Audiencia de Toledo ha decidido suspender «sine die» el juicio en el que se iba a juzgar un asunto de hace 10 años en el que estaban acusados tres individuos por engañar y apropiarse del dinero de sus tíos a través de una empresa inmobiliaria de la que eran socios, aunque se les había marginado de las decisiones, según la fiscalía. El tribunal de la sección primera ha decidido suspender la vista atendiendo la petición de la defensa por no disponer de la documentación bancaria solicitada a CCM, según ha dicho el abogado de la defensa, José María Martín.
Se da la circunstancia de que de los dos denunciantes, uno de ellos ha fallecido, como también han muerto dos de los tres acusados, pues solo vive Javier B.R., que ha sido, por tanto, el único que ha llegado a sentarse en el banquillo de los acusados antes de que se suspendiera la vista oral.
Los acusados eran inicialmente M.P.B.Y., J.B.R. y F.J.B.A., acusados de engañar y apropiarse del dinero que generó una sociedad de la que hicieron partícipes a sus tíos y para quienes el fiscal solicita 10 años y tres meses de prisión a cada uno por tres delitos societarios y otro de apropiación indebida.
Los acusados, sabedores de que sus tíos, ambos con las siglas A.B.A., eran titulares de cuatro fincas que habían heredado en la localidad de San Cruz de Retamar y de que querían tener una vivienda en el pueblo, les convencieron para que fueran socios de la empresa «Interato S.A.», que fue constituida en 1989, y cuyo objeto social era la adquisición, construcción, administración y arriendo de edificios.
Durante los años de vida de la sociedad, los acusados mantuvieron a sus tíos en todo momento desinformados y apartados de la vida de la sociedad, celebraron varias juntas sin que a las mismas fueran convocados los perjudicados, obteniendo mayorías ficticias de los acuerdos alcanzados y falseando los documentos, sin repartir ganancias ni tampoco entregar las viviendas prometidas.
En total, según la fiscalía, se construyeron 10 casas, ocho de las cuales fueron vendidas a terceros y las otras dos fueron entregadas, sin coste alguno, a dos de los socios de «Interato».
Cada una de las viviendas a terceros fueron vendidas a 9.500.000 pesetas (57.096 euros), ascendiendo el total a 76 millones de pesetas (456.769 euros) la cantidad que nunca fue ingresada en las arcas de la sociedad ni reflejada en las cuentas de la sociedad, con el perjuicio que ello conlleva para los socios.
Los perjudicados viendo que transcurrían los años sin que les fuesen entregadas las viviendas en su día prometidas, requirieron en varías ocasiones a los acusados para que les informasen del estado de la sociedad, circunstancia esta que nunca se produjo vulnerando de esta manera los derechos fundamentales de los socios.
Por su parte, la defensa no comparte el escrito de acusación de la fiscalía al entender que se trata de un asunto civil surgido de un «problema familiar» al salir mal el negocio, ha dicho Martín, quien ha querido aclarar que si el juicio se ha ido demorando durante 10 años no ha sido por culpa de la Audiencia, sino del juzgado de instrucción.