Tras la polémica generada esta semana en Talavera de la Reina (Toledo) por el posible cierre de un negocio histórico, la pastelería El Duende, el Ayuntamiento de la ciudad ha defendido la actuación municipal, aclarando que la batalla legal por el nivel de ruido comenzó en 2018 y que el local no cumple con la ordenanza en materia de contaminación acústica.
Este martes, La Voz del Tajo adelantó que el local situado en el barrio de La Zona y abierto al público desde febrero de 1996 se enfrenta a una orden de clausura dictada por el Consistorio. Al parecer, el cierre se iba a producir el miércoles, lo que provocó que decenas de vecinos acudieran a la calle de El Duende para protestar apoyar a los dueños. Tanto los ciudadanos como el digital aseguraban que la orden de cierre estaba motivada por las denuncias de un local de fisioterapia contiguo, que se ha instalado allí «recientemente».
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Contaba este medio de comunicación que el negocio familiar recibió la notificación del cierre la semana pasada, lo que les llevó a solicitar una medida cautelar ante la justicia para suspender temporalmente la decisión mientras se resolviera el conflicto. El juez determinó que la última palabra correspondía al Consistorio, «que no esperó y programó el precinto policial del local», decía.
El Ayuntamiento defiende su actuación
Sin embargo, este jueves, en una nota de prensa, el Consistorio ha dado a conocer que el conflicto viene de tiempo atrás. En 2018 se registró la primera denuncia por molestias derivadas del ruido procedente del local. Desde entonces, dichas quejas se han producido de manera reiterada en el tiempo, lo que ha conllevado la tramitación de distintos expedientes sancionadores «sin que conste la interposición de recursos frente a los mismos».
En julio de 2020 se acordó el precinto del local, medida que se levantó dando plazo a la empresa para adoptar soluciones. Sin embargo, en noviembre de 2021 se inició un procedimiento para el restablecimiento de la legalidad al detectarse que las instalaciones no se ajustaban a las condiciones recogidas en la licencia concedida.
Más adelante, en julio de 2022, la empresa solicitó licencia para llevar a cabo obras de ampliación y reforma. Ante la falta de documentación, en junio de 2023 el Ayuntamiento tuvo que requerir el certificado de fin de obra y la acreditación del cumplimiento de la normativa municipal en materia de contaminación acústica. Aunque se aportó el certificado de obra, no se justificó adecuadamente el cumplimiento de los límites sonoros establecidos.
En agosto de 2024 se realizaron nuevas mediciones por parte de los servicios técnicos municipales, constatándose nuevamente niveles de ruido por encima de lo permitido. Como consecuencia, en septiembre de ese mismo año se instó a la empresa a ejecutar las actuaciones necesarias para adaptar el local a la normativa vigente, sin que hasta el momento se tenga constancia de su realización, ha asegurado el Ayuntamiento. Asimismo, el informe acústico presentado por la empresa no acredita, según los criterios de los técnicos municipales, el cumplimiento de la ordenanza.
A la vista de estos antecedentes, en diciembre de 2024 se adoptó la decisión de revocar la licencia de actividad por incumplimiento de la normativa en materia de contaminación acústica, conforme al informe emitido por el Servicio de Medio Ambiente.
Posteriormente, tras la desestimación del recurso de reposición, la empresa interpuso un recurso contencioso-administrativo. Aunque en un primer momento se acordó la suspensión del acto administrativo, esta medida fue revocada con posterioridad por el órgano judicial.
En este contexto, el Consistorio acordó recientemente el precinto de la maquinaria del obrador al ser identificada como principal foco de emisión de ruido, permitiendo, no obstante, la continuidad de la actividad comercial de venta al público mientras se resuelve el procedimiento judicial.
Finalmente, esta semana se ha conocido el futuro precinto del local. El Ayuntamiento de Talavera ha subrayado que su actuación responde al cumplimiento de la legalidad vigente y a su deber de atender las denuncias ciudadanas, especialmente en cuestiones relacionadas con la convivencia y la protección del medio ambiente urbano, conforme a lo establecido en la normativa aplicable.
