El gobierno local de Talavera de la Reina (Toledo) -de PP y Vox– ha pedido explicaciones al PSOE local tras una información del digital OK Diario que asegura que el concejal socialista Roberto Gallegos lleva okupando una vivienda en la ciudad desde hace siete años.
Este jueves, el medio que dirige Eduardo Inda ha publicado que el actual edil en la oposición y exconcejal de Talavera Ferial durante el mandato de Tita García Élez estaría haciendo uso, junto a su familia, de una casa sobre la que no tendrían ningún título, al menos desde hace siete años.
Al parecer, en noviembre de 2018, la sociedad Coral Homes SLU adquirió el pleno dominio de esta vivienda a través de CaixaBank.
Esta sociedad vendió en octubre de 2025 el inmueble a unos particulares, y a inicios de ese mes, la parte compradora dio un plazo de 10 días al concejal y a su familia para abandonarlo, algo que no habrían hecho.
Además, ha asegurado OK Diario que Gallegos y sus familiares «plantan resistencia y amenazan» a los supuestos propietarios del inmueble y a una empresa de desalojos.
Sin embargo, en la noticia no se ha explicado si el concejal era el propietario de la casa o lo era uno de sus familiares; si tenían un contrato de alquiler que concluyó; si hay una orden judicial de desalojo; si hay una situación de vulnerabilidad…
El PSOE no aclara, de momento, la situación del concejal
A raíz de esta noticia, ENCLM se ha puesto en contacto con fuentes del PSOE de Talavera de la Reina, que únicamente han comentado que tienen constancia de que Gallegos es propietario de una vivienda diferente a la de la información.
No han querido ni añadir ni explicar nada más. Tampoco han trasladado algún mensaje de apoyo al concejal.
El gobierno local exige explicaciones
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Benedicto García (PP), ha exigido explicaciones al concejal y a los socialistas a nivel local y regional.
García ha expresado que de probarse que estos hechos son ciertos «serían muy graves, dado que okupar una vivienda es ilegal».
El concejal ha añadido que «el equipo de gobierno se mantiene radicalmente en contra de la okupación ilegal de una vivienda, y las personas que okupan un domicilio deberán responder ante las instancias competentes».
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