La Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha calificado de «auténtico drama humano y económico» las consecuencias de la última ola de incendios forestales que ha azotado a la región.
Provincia de Guadalajara
Con miles de hectáreas calcinadas —especialmente concentradas en la provincia de Guadalajara—, el sindicato advierte que la supervivencia de cientos de explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas “pende de un hilo” si la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural no actúa de forma inmediata.
Para la organización, las pérdidas en el sector agropecuario son de una gravedad extrema. «Nuestros ganaderos se han quedado de la noche a la mañana sin pastos para alimentar a sus animales, obligados a asumir costes inasumibles en forrajes y camiones de agua para evitar que el ganado muera», señalan desde los servicios técnicos de La Unión.
A esto se suma la pérdida total de parcelas de cereal pendientes de recolectar, cultivos leñosos calcinados e infraestructuras agrarias destruidas que tardarán años en recuperarse.
“El agricultor es la víctima, no el culpable”
La Unión quiere romper una lanza a favor de los profesionales del campo frente a la criminalización latente. El sindicato denuncia que el actual sistema del Índice de Propagación de Incendios (IPP), que impone restricciones horarias absolutas al uso de cosechadoras y maquinaria pesada, es “un rodillo burocrático inviable”.
“Paralizar el campo por decreto sin atender a las realidades locales solo ha servido para agravar las pérdidas de una campaña que ya venía muy castigada, impidiendo cosechar de forma segura en las horas frescas del día”, argumentan.
Campaña de movilización y recogida de firmas
Ante esta situación, La Unión ha lanzado un escrito simplificado de alegaciones y registro de daños dirigido a todos los agricultores y ganaderos afectados.
A través de esta iniciativa, La Unión trasladará formalmente a la Consejería una serie de exigencias.
Entre ellas, la declaración urgente de Zona Catastrófica y la aprobación de ayudas directas por hectárea quemada o afectada por las restricciones y la garantía total de que las hectáreas quemadas sigan siendo admisibles en la solicitud de la PAC (Política Agraria Común).
También demandan ayudas directas y urgentes para el suministro de piensos, paja y agua a la ganadería extensiva y la revisión del protocolo del IPP.
