La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como ‘El Pequeño Nicolás‘, a 3 años y 5 meses de prisión al hacerse pasar por un miembro del Gobierno de Mariano Rajoy en una operación de compraventa de un inmueble.
Se le condena por un delito de usurpación de funciones públicas y un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por un particular.
La venta de la finca «La Alamedilla», en Toledo
En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Séptima han considerado pertinente absolver a Gómez Iglesias del delito de estafa por el que fue acusado.
La decisión tiene lugar después de que el pasado 7 de noviembre el tribunal dejara visto para sentencia el juicio en el que ‘El Pequeño Nicolás’ negó que se hiciera pasar por un miembro del Gobierno para estafar al empresario Javier Martínez de la Hidalga en la venta de una finca situada en Toledo llamada ‘La Alamedilla’.
Así es como lo sostenía la Fiscalía en el escrito de acusación en el que reclamaba seis años de prisión para el joven.
«Clara intención de aparentar»
Ahora, en 95 folios, los magistrados han concluido que, pese a la declaración de ‘El Pequeño Nicolás’ fue «lógica y claramente exculpatoria», se han practicado distintas pruebas que «desacreditan» la versión del joven.
«Desde luego todo el aparente montaje que desplegó el acusado no solo lo hizo para darse, según dijo, ‘el pisto'», ha señalado el tribunal, al tiempo que ha recordado que el origen de la causa proviene de un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y que en el juicio declararon varios de los agentes.
La Audiencia de Madrid ha considerado probado que, en octubre de 2014, Gómez Iglesias «conscientemente y con la clara intención de aparentar» de «su condición de empleado vinculado a la Vicepresidencia del Gobierno, y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)», se desplazó por distintas calles de Madrid en vehículos de alta gama con conductor contratados.
Según consta en la sentencia, el joven utilizó «sin autorización alguna», de forma externa y visible, «señales luminosas idénticas a las autorizadas para vehículos de servicios públicos u oficiales en servicio prioritario».
Asimismo, los magistrados han considerado probado que, en su afán de hacerse pasar por un miembro del Ejecutivo, también acudió a una copistería para elaborar «mediante manipulación informática tres escudos constitucionales con el membrete de Gobierno de España Ministerio de la Presidencia, que incorporó a informes que estaban destinado a terceros a los que exhibía o entregaba dichos informes» para hacerles creer que «estaba actuando en una misión oficial».
Para el tribunal, el resultado de las pruebas practicadas durante el juicio «dan cobertura probatoria para considerar acreditada la conducta ilícita» de Gómez Iglesias.
«En este caso el comportamiento del acusado revestido de sus propias manifestaciones atribuyéndose vinculación oficial, adornado con simuladas llamadas telefónicas a altos cargos del Estado, la confección, entrega y exhibición de documentos que simulaban ser oficiales y la utilización de distintivos reservados a servicios oficiales son actos que sin duda generaron la creencia en terceros de que el acusado trabajaba para la Vicepresidencia del Gobierno y para el CNI», ha concluido la Audiencia.
Tercera condena para el «pequeño Nicolás»
Esta la tercera condena para ‘El Pequeño Nicolás’, aunque todavía no es firme porque contra este fallo es posible presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
En julio de 2021, la misma Audiencia de Madrid le condenó a 3 años de cárcel por delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho activo por el viaje que hizo en agosto de 2014 a Ribadeo haciéndose pasar por un enlace entre Gobierno y Casa Real.
Antes, había sido condenado a 1 año y 9 meses de cárcel como autor de un delito de falsedad en documento oficial por falsificar un DNI para que un amigo le hiciera el examen de Selectividad de 2012.
En julio de 2018, la Audiencia le absolvió de un delito de injurias y calumnias contra el CNI, del que le culpaban por acusar al organismo de ‘pinchar’ su teléfono ilegalmente.
Ventilados ya estos cuatro asuntos, Gómez Iglesias se enfrenta a otro juicio en el que se le acusa de haber accedido «en varias ocasiones» a «información de carácter confidencial perteneciente al Ministerio del Interior que obraba en las bases de datos policiales».
La Fiscalía pide para él 9 años y 9 meses de prisión por integración en grupo criminal, un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y de violación de secretos como inductor y un delito de cohecho activo.