«La huelga general del 11 de noviembre, impulsada por UGT y CCOO con el apoyo explícito del Gobierno para reclamar mejores salarios, vivienda digna y control de los precios, «desborda claramente el marco de un conflicto laboral ordinario entre empresas y trabajadores», ha valorado Fedeto (Federación Empresarial Toledana).
«Un problema político»
La convocatoria se produce después del rechazo parlamentario de dos reales decretos-leyes en materia de vivienda y de que UGT y CCOO anunciaran públicamente su intención de incorporar al mundo del trabajo a las movilizaciones por la vivienda. «A partir de ese momento, los sindicatos incorporan de manera forzada reivindicaciones laborales, tratando de desplazar el foco de lo que, en su origen, constituye un problema esencialmente político relacionado con la vivienda», sostiene la patronal.
«Desde el máximo respeto al derecho de huelga, consideramos inaceptable construir de manera forzada y artificial una relación de causa y efecto entre la empresa y la crisis de la vivienda para, a partir de ella, situar al empresario entre sus culpables», añaden.
Para Fedeto, «la falta de vivienda, la escasez de suelo finalista, la lentitud de los planes de ordenación, los eternos plazos administrativos para la concesión de licencias y la resolución de expedientes, la insuficiencia de vivienda social, la inseguridad jurídica y las dificultades para aumentar la capacidad constructora responden a causas mucho más amplias y dependen, en gran medida, de decisiones legislativas, urbanísticas, fiscales y administrativas que las empresas no controlan».
Lo que rechaza Fedeto
Así, Fedeto «no entra a valorar la confrontación entre el Gobierno y la oposición política, porque no nos corresponde. Lo que sí rechazamos es que esa confrontación se traslade al ámbito de las relaciones laborales y termine señalando al empresario, al promotor y al pequeño propietario como responsables principales del encarecimiento de la vivienda y de la pérdida de poder adquisitivo».
Fedeto considera que «el problema de la vivienda es real, grave y estructural y, precisamente por ello, exige un diagnóstico riguroso en lugar de la búsqueda de falsos culpables. Convertir un problema que depende en gran medida de la política de vivienda, del suelo, del urbanismo y de la actuación de las Administraciones públicas en un conflicto entre trabajadores y empresas no contribuye a solucionarlo. Al contrario, desvía la atención de sus verdaderas causas y de las reformas que realmente son necesarias».
«La oferta de vivienda no responde a la demanda»
Arguye Fedeto que «los datos oficiales muestran que la oferta de vivienda no está respondiendo al ritmo al que crece la demanda en las zonas de mayor presión. El Banco de España estima que entre 2021 y 2025 se acumuló un diferencial cercano a 750.000 viviendas entre la creación de hogares y la producción de vivienda nueva. Esta insuficiencia de oferta, concentrada especialmente en las áreas con mayor crecimiento de población y empleo, ejerce una presión evidente sobre los precios».
Creen que la demanda ha crecido por la formación de nuevos hogares, la inmigración, la concentración de población y empleo en determinadas ciudades y zonas turísticas y otros factores. Pero cuando esa demanda aumenta con mucha más rapidez que la capacidad de construir y poner vivienda en el mercado, el resultado es una tensión persistente que ninguna subida salarial puede corregir por sí sola.
«Para comprender cómo hemos llegado a esta situación también hay que analizar las condiciones en las que operan los pequeños propietarios y los promotores. Sus decisiones afectan a la oferta disponible, pero esas decisiones se adoptan dentro de un marco legal, fiscal, urbanístico y financiero que depende en gran medida de las Administraciones públicas», subrayan.
La Plataforma por la Vivienda en Castilla-La Mancha se suma a la huelga general del 11N
«Fomentado desde el Gobierno»
«Cuando la ocupación ilegal no se combate por el Gobierno, sino que se fomenta por él, y el impago de rentas no es considerado por el Gobierno incumplimiento de contrato, sino que lo eleva a la categoría de derecho social, el pequeño propietario percibe inseguridad jurídica y económica. Mientras continúa soportando los gastos del inmueble, los impuestos, las cuotas de comunidad, el mantenimiento y la financiación, deja de percibir la renta o ve como ocupan ilegalmente su vivienda. Esta situación condiciona necesariamente sus decisiones económicas y puede llevarle a vender, mantener la vivienda fuera del mercado o acudir a modalidades de arrendamiento en las que percibe un menor riesgo», añaden.
A juicio de los empresarios toledanos, «la protección de las personas y familias vulnerables constituye una obligación indiscutible de los poderes públicos y, por tanto, debe articularse mediante políticas sociales y recursos públicos, sin trasladar al pequeño propietario responsabilidades económicas que corresponden al conjunto de la sociedad. Proteger al inquilino vulnerable y garantizar al mismo tiempo el derecho de propiedad y el cumplimiento de los contratos no son objetivos incompatibles».
«Una década en ver la luz»
Asimismo, consideran que «el promotor se enfrenta a problemas estructurales, entre otros, la lentitud de los desarrollos urbanísticos y la escasez de suelo finalista. La elaboración y aprobación de los Planes de Ordenación Municipal y de los instrumentos necesarios para desarrollar el suelo pueden extenderse durante cerca de una década de modo que lo que se calculó que iba a necesitar una ciudad diez años antes se ha quedado obsoleto cuando el plan entra en vigor. El resultado es que un instrumento concebido para anticipar las necesidades futuras corre el riesgo de nacer ya desactualizado».
«Si España tiene un déficit extraordinario de vivienda, no puede permitirse un sistema en el que transformar suelo para poder construir sobre él requiera plazos comparables a una década», abundan.
«Las licencias tardan años»
Los empresarios objetan además que «las normas urbanísticas establecen plazos de pocas semanas o meses para conceder las licencias relativas a las viviendas. Sin embargo, la realidad administrativa es radicalmente distinta porque pasan años para obtener esas licencias. Si esas licencias dependen de informes de administraciones con competencias en medioambiente, hidrografía o arqueología pueden pasar hasta cuatro y cinco año o más para obtener las licencias».
«Durante ese tiempo el promotor mantiene inmovilizado el suelo, soporta financiación, gastos técnicos, garantías, impuestos y costes empresariales sin poder iniciar la actividad para la que realizó la inversión. A su vez, las familias que necesitan esas viviendas continúan pagando alquileres o aplazando sus decisiones mientras la oferta que debería llegar al mercado permanece bloqueada», inciden.
Para la patronal toledana, «cuanto más se prolonga la tramitación, mayores son los costes acumulados y más tarde llegan las viviendas al mercado. En un escenario de escasez, retrasar durante años la incorporación de nueva oferta contribuye a mantener la presión sobre los precios. En este sentido la propia Administración Pública se convierte en un factor claramente inflacionario del precio de la vivienda».
«La Administración no puede exigir al sector privado que aumente rápidamente la oferta de vivienda y, al mismo tiempo, tardar años en autorizar lo que legalmente debería resolver en cuestión de meses. Por eso España necesita una simplificación profunda de la legislación urbanística, una coordinación real entre las distintas Administraciones y procedimientos mucho más ágiles para el planeamiento, la gestión del suelo y la concesión de licencias», insisten.
«La fiscalidad tanbién forma parte del precio de la vivienda»
Fedeto arguye asimismo que «la larga e inagotable cadena de figuras tributarias, tasas e impuestos, que soportan la promoción, laconstrucción, la adquisición y posteriormente la propiedad de una vivienda, debe ser analizada en profundidad para comprobar si es coherente con el objetivo público de facilitar el acceso a la vivienda».
Porque «cada impuesto incrementa el coste de producir una vivienda. Y los costes terminan siendo soportados por el promotor, el propietario, el comprador o el inquilino», aseguran.
Y agregan: «La presión fiscal sobre la vivienda no termina con su adquisición. A lo largo de su vida vuelve a quedar sometida a tributación mediante impuestos sobre el patrimonio, las transmisiones, las sucesiones y donaciones o las plusvalías. De este modo, un mismo inmueble soporta una carga fiscal continuada que es confiscatoria cuando se analiza el coste real de la vivienda. No resulta coherente reclamar viviendas más asequibles y mantener simultáneamente costes públicos que dificultan producirlas a menor precio».
«España necesita mucha más vivienda asequible y social»
A jucio de la patronal toledana, «hay una responsabilidad pública que no puede ignorarse. España dispone de un parque de alquiler social reducido en comparación con buena parte de Europa. La base armonizada de la OCDE lo sitúa alrededor del 1,2 % del parque residencial, frente a una media de la Unión Europea próxima al 7,8 %».
«Si se quiere aliviar la presión sobre los hogares con menores ingresos, aumentar de forma sostenida esa oferta debe formar parte necesariamente de la solución. La política social de vivienda no puede descansar fundamentalmente sobre el pequeño propietario. Las Administraciones también tienen que asumir su responsabilidad mediante la promoción de vivienda asequible y la creación de un parque social suficiene», valoran.
«El empresario no es el responsable de la inflación»
Fedeto argimenta que «no puede atribuirse a las empresas la responsabilidad de la inflación. La evolución de los precios responde a múltiples factores, entre ellos la energía, los combustibles, las materias primas, la financiación, los impuestos, los costes laborales, la productividad, la oferta y la demanda. En el actual contexto, además, el encarecimiento de la energía y de los combustibles constituye uno de los principales elementos de presión sobre los costes de empresas y familias».
Todo ello porque «el Gobierno dispone de capacidad para actuar sobre una parte de esos costes a través de la fiscalidad. Una parte muy significativa del precio de los combustibles corresponde a impuestos especiales y, además, el IVA se aplica sobre una base que incluye esos propios impuestos especiales. Es decir, se termina aplicando un impuesto sobre otro impuesto. Y ¿qué valor añadido tiene un impuesto para que sobre él sea legal aplicar el IVA? Esta carga fiscal encarece directamente el combustible y, con él, el transporte, la producción y la distribución de bienes y servicios».
«Las empresas no fijan el precio de la energía, los impuestos sobre los combustibles, los tipos de interés ni buena parte de los costes regulatorios que soportan, pero sí tienen que incorporarlos a su actividad económica. Ignorar esta realidad para presentar al empresario como causante general de la subida de los precios supone confundir las consecuencias con las causas», subrayan..
«Faltan empresas y trabajadores»
«Otro obstáculo fundamental es la falta de empresas constructoras y de trabajadores cualificados. La crisis de 2008 golpeó con especial dureza al sector de la construcción y provocó la desaparición de numerosas empresas. Con ellas se perdió también una parte importante de la capacidad productiva del sector y muchos trabajadores abandonaron la construcción para incorporarse a otras actividades. Hoy, cuando necesitamos aumentar rápidamente la construcción de viviendas, faltan precisamente las empresas y los profesionales capaces de hacerlo», objetan.
«A la falta de profesionales españoles se añade la necesidad de establecer procedimientos sencillos, ordenados y seguros que permitan a las empresas contratar trabajadores extranjeros en sus países de origen cuando no sea posible cubrir esas necesidades en nuestro mercado laboral. Si España necesita construir muchas más viviendas, necesita también reconstruir la capacidad empresarial y laboral necesaria para hacerlas realidad. Sin empresas que puedan ejecutarlas y sin trabajadores que puedan construirlas, cualquier objetivo de aumentar la oferta quedará reducido a una declaración de intenciones», añaden.
«El problema no se resuelve buscando culpables»
«Estos problemas no han aparecido con la convocatoria de esta huelga. Las organizaciones empresariales, entre otras Fedeto, llevan años reclamando más suelo disponible, mayor agilidad administrativa, seguridad jurídica, estabilidad normativa, formación de trabajadores y condiciones que permitan incrementar la oferta. La vivienda no se resolverá mediante una medida aislada ni enfrentando a trabajadores y empresas ni polarizando aún más a la sociedad», agrega Fedeto.
Para los empresarios toledanos, «gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos, sindicatos y organizaciones empresariales pueden discrepar sobre las medidas concretas, pero el punto de partida debería ser común. Hay que construir más vivienda donde existe demanda, movilizar suelo, agilizar planeamiento y licencias, aumentar la capacidad del sector, ampliar la vivienda asequible y social y proporcionar un marco estable al alquiler residencial».
«Hay que crear las condiciones»
Fedeto propone que «si faltan viviendas, hay que crear las condiciones para construirlas. Si falta suelo finalista, hay que acelerar su gestión. Si un Plan de Ordenación tarda una década en tramitarse y cuando se publica las necesidades que pretendía ordenar ya han cambiado, hay que reformar el procedimiento. Si una licencia que debería resolverse en semanas o en pocos meses termina tardando tres años o más, hay que corregir radicalmente el funcionamiento administrativo. Si faltan trabajadores, hay que formarlos y facilitar su incorporación. Si existe inseguridad jurídica, hay que corregirla. Si existe ocupación ilegal, hay que combatirla. Y si se producen impagos de rentas, el propietario debe disponer de procedimientos que garanticen el cumplimiento de los contratos en plazos razonables».
Y concluyen: «Convocar una huelga general puede servir para expresar malestar y ejercer presión política, pero no crea suelo, no acelera un Plan de Ordenación, no agiliza una licencia, no proporciona seguridad jurídica al propietario, no garantiza el cumplimiento de un contrato, no incorpora un trabajador a la construcción y no construye una sola vivienda. La solución exige reformas, inversión, seguridad jurídica y colaboración entre las Administraciones, los trabajadores y las empresas.
