CSIF ha dado a conocer que la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo ha decidido reubicar a los trabajadores del Laboratorio de Anatomía Patológica después de que se hayan detectado resultados analíticos alterados en varios profesionales del servicio.
En una nota de prensa de este viernes, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha recordado que en febrero ya advirtió que los trabajadores de la zona de laboratorios y Banco de Sangre, no solo los de Anatomía Patológica, presentaban analíticas con valores alterados de ácido acético, metanol, proteinogramas, bajos niveles de reticulocitos, disfunciones tiroideas e inflamaciones inespecíficas o ácido fórmico elevado.
A la espera de conocer el contenido exacto de este informe, CSIF ha exigido la reubicación de todos los trabajadores de la zona de laboratorios y Banco de Sangre, a la vez que ha vuelto a denunciar que el Sescam «no está llevando a cabo todos los esfuerzos necesarios» para encontrar el foco de las intoxicaciones, un problema que se arrastra desde noviembre de 2024 con la aparición de los primeros síntomas.
Critican el retraso en las analíticas
Igualmente, el sindicato ha lamentado la falta de celeridad en los resultados de los análisis a los trabajadores, ya que se tomaron entre diciembre de 2025 y enero de 2026 a cerca de 300 personas.
«El tiempo apremia, estamos hablando de la salud de los trabajadores, algunos de los cuales además tienen patologías de base. Se tendría que haber hecho mucho antes y ni siquiera haber esperado a las analíticas, ya que las intoxicaciones se están produciendo desde 2024», ha lamentado la responsable de CSIF Sanidad Toledo, Victoria Gutiérrez.
A la vez, ha censurado que «políticos y responsables de la administración sanitaria han acusado a los propios profesionales de sugestión, lo que supone un auténtico insulto ante lo que es un infierno para estos trabajadores. Desde el primer momento hemos denunciado lo que estaba sucediendo y el Sescam ha mirado hacia otro lado, al final el tiempo nos ha dado la razón».
Por último, CSIF ha insistido que mantiene la vía penal ante lo que considera «una grave imprudencia pues es deber de la Administración garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores».
