El Ayuntamiento de Toledo tendrá que pagar casi 200.000 euros tras la resolución de seis sentencias del Juzgado de lo Social nº 1 de Toledo, relacionadas con el Plan de Empleo del año 2019, cuando varios trabajadores denunciaron que sus salarios eran inferiores a los de los trabajadores municipales fijos que desempeñaban las mismas funciones.
La última resolución de estas sentencias se dictó en mayo de 2025, por lo que la Junta de Gobierno local ha tenido que autorizar el uso del Fondo de Contingencia para hacer frente al pago de 199.258,31 euros, que deberán abonar en un plazo máximo de un mes, tal y como ha informado el portavoz municipal, Juanjo Alcalde, en una rueda de prensa en la que ha informado de los asuntos adoptados en la reunión de esta semana.
Al respecto, el portavoz municipal ha considerado estas sentencias como «otro caramelito» del equipo de Gobierno anterior: «El PSOE, ese partido de los trabajadores, no pagaba lo que tenía que pagar. A ver ahora cómo explica esto», ha criticado.
El conflicto
El conflicto se remonta a finales de 2018 y principios de 2019, cuando se formalizaron contratos temporales de seis meses dentro del Plan de Empleo 2019. Los empleados, contratados como peones de obra y oficiales, denunciaron diferencias salariales entre lo que ellos percibían y lo que cobraban trabajadores fijos del Ayuntamiento con la misma categoría.
Ante estas demandas, los Juzgados de lo Social de Toledo emitieron sentencias contradictorias: mientras el Juzgado de lo Social n.º 2 avaló la postura del Ayuntamiento y consideró legal excluir a los trabajadores de los planes de empleo del convenio colectivo, el Juzgado de lo Social n.º 1 falló a favor de los trabajadores al entender que debían percibir el mismo salario que los empleados municipales fijos de igual categoría.
Ambas partes recurrieron las resoluciones que les eran desfavorables, lo que llevó el caso al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. El TSJ unificó criterio y determinó que las reclamaciones de los trabajadores eran conformes a derecho, estableciendo que cualquier empleado con la misma categoría, sea temporal o fijo, debe recibir las mismas retribuciones.
El tribunal consideró discriminatoria la exclusión de los trabajadores temporales de los planes de empleo del convenio colectivo municipal.
El Ayuntamiento de Toledo elevó el caso al Tribunal Supremo mediante recursos de casación para la unificación de doctrina, pero estos fueron desestimados, confirmándose así las sentencias del Tribunal Superior de Justicia.
Por ello, el Ayuntamiento deberá abonar 199.258,31 euros a los trabajadores denunciantes del año 2019. Sin embargo, durante los cuatro años que duró la tramitación de recursos ante el TSJ y el Tribunal Supremo, otros procedimientos de reclamaciones similares quedaron paralizados hasta que se dictaron las sentencias definitivas, la última de ellas en mayo de 2025.
