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sábado, 4 de mayo de 2024
La Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna y vecinos de los pisos han entregado una carta a Page en la sede del Gobierno regional.
La Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna y vecinos de los pisos han entregado una carta a Page en la sede del Gobierno regional.
Le han dado un escrito a Page - 21 febrero 2023 - Toledo

La Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna en Toledo y vecinos del bloque de viviendas ubicado en la calle Yedra, número 8, conocidos como los «pisos negros», han presentado este martes un escrito dirigido al presidente regional, Emiliano García-Page, en el que demandan a la Junta que inicie un proceso negociador para establecer un programa de alquiler en relación con los ingresos de cada unidad habitacional del inmueble, que a su vez vaya aparejado de una gestión integral de la urbanización, la intervención socio-comunitaria permanente y pública, la participación de los vecinos con sus propuestas y la adjudicación de los pisos vacíos.

«Un lugar digno para vivir y no un lugar abandonado»

En el escrito presentado, enviado a los medios de comunicación y al que ha tenido acceso Europa Press, tanto la Plataforma como los vecinos reconocen que se han mantenido reuniones con representantes vecinales, con Gicaman y con responsables de la Consejería de Fomento, pero han lamentado que estas no hayan tenido «ningún resultado efectivo», pues «no se ha entrado en ningún proceso negociador que convierta a la promoción en un lugar digno para vivir y no en un lugar abandonado tanto física como convivencialmente».


Por otra parte, alegan que si Gicaman se ha gastado 569.013,64 euros en actuaciones de mantenimiento, reparaciones y rehabilitaciones, «no se ha notado nada, pues continúan los garajes y los trasteros cerrados sin que hayan dado una fecha de apertura, los espacios comunes llenos de desperfectos y suciedad, los cuadros de luz enganchados o cerrados con chapas para que no se pueda ni leer el contador» o «los pisos vacíos con familias que entraron con una patada en la puerta».

«No ha habido intervención sociocomunitaria permanente y pública»

En tercer lugar, critican que las acciones judiciales, civiles y penales han tenido poco efecto, ya que «están todos los pisos vacíos habitados por familias no adjudicatarias».

Además, también han puesto el foco en que no ha habido intervención sociocomunitaria permanente y pública, alegando que únicamente ha habido actuaciones intermitentes de tres ONG y haciendo hincapié en que «no se respeta ni siquiera la recomendación propia de la Junta sobre el número mínimo necesario para una atención social de calidad».

En este sentido, proponen que al menos se incremente una trabajadora social y una educadora social pública y permanente a intervenir con la vecindad de las viviendas de régimen especial del barrio, conocidas como viviendas sociales.

Finalmente, alegando que en Yedra 8 viven familias con ganancias mensuales de entre los 400 y los 1.500 euros, siendo más del 90 por ciento por debajo de los 1.000 euros, plantean pagos escalonados del alquiler mensual, incluida la comunidad y el IBI.

El Gobierno de CLM afirma que no ha parado de buscar soluciones

Mientras, fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha han señalado a encastillalamancha.es que «lleva emprendiendo desde 2020 acciones legales de carácter penal y civil en diversos casos de ocupación ilegal en el grupo de las 148 viviendas del barrio de Santa María de Benquerencia en Toledo. De esta manera, ya hay fecha para 14 lanzamientos en este grupo de viviendas fijados en abril y mayo».

Además de estas actuaciones jurídicas, «el Gobierno regional ha llevado a cabo reuniones que se han realizado distintas actuaciones en estrecha colaboración vecinal y que se traducen en reuniones periódicas mantenidas con representantes vecinales y con GICAMAN como titular del inmueble, así como con responsables de Vivienda de la Consejería de Fomento; actuaciones de mantenimiento, reparaciones y rehabilitaciones de la promoción de viviendas, que han supuesto una inversión total de 569.000 euros; e intervención social comunitaria».

Por último, recalcan que han llevado a cabo «entrevistas individualizadas con las personas adjudicatarias legales para acordar un plan de pagos que supone la reducción de la renta del alquiler a un 50%, con la condición de que se asuman recibos no abonados y atrasados, teniendo presente los ingresos de la unidad de convivencia».

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