El grupo parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha ha registrado una proposición no de ley para aplicar el principio de prioridad nacional en los ámbitos de la atención sanitaria, vivienda y subvenciones públicas en el plano de la comunidad autónoma. Un planteamiento que los de David Moreno llevan a la región, siguiendo el discurso del partido en el resto de España, con el que pretenden dejar en desventaja a las personas inmigrantes en situación de irregularidad.
Es una de las proposiciones calificadas en la Mesa de las Cortes, de ahí su publicación el día 27 de abril en el boletín oficial de la cámara de representación autonómica, si bien aún no se va a llevar a pleno, pues la formación no lo ha introducido para su debate esta semana.
Vox Castilla-La Mancha propone que el Gobierno de Emiliano García-Page lleve a cabo tres medidas:
- «Garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles en las bases reguladoras de ayudas, subvenciones públicas y servicios públicos (…) con el fin de garantizar la atención en primer lugar a los españoles y sus familias».
- «Garantizar la prioridad nacional de los españoles (…) para acceder a una vivienda social, para acceder a una vivienda protegida, para acceder a bonificaciones fiscales diferenciadas o para ser receptor de cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda».
- «Garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, impidiendo que, salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia, los inmigrantes ilegales puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario«.
Por otro lado, la formación quiere que el Gobierno de España aplique estos mismos principios en función de sus competencias, pero también que repatrie «a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en nuestra nación» y que proceda a «la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles».
También que se ponga fin al proceso de regularización administrativa de unos 500.000 inmigrantes en toda España, entre 13.000 y 15.000 en la región.
En caso de que finalmente el grupo parlamentario Vox lleve esta propuesta al Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, para que salga adelante, la formación -que únicamente tiene cuatro escaños- tendría que lograr la mayoría de los votos, pero aunque le apoyara el PP de Paco Núñez con sus 12 diputados, la suma no superaría a los 17 del PSOE, que ostentan la mayoría absoluta en el Convento de San Gil.
Entre 13.000 y 15.000 migrantes optarán a regularización en Castilla-La Mancha: plazos y requisitos
